En razón a que la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS) decretó la alerta roja para las cuencas media y baja del río Sinú, la Defensoría del Pueblo llama a los entes competentes a aunar esfuerzos para que atiendan las recomendaciones en materia ambiental y de gestión del riesgo, alrededor de 110, formuladas en mayo del 2022, con el propósito primordial de que sean implementadas soluciones de fondo para las problemáticas derivadas de las crecientes e inundaciones.
Las intensas lluvias de las últimas semanas han causado que tanto el río Sinú como el San Jorge aumenten su caudal, razón por la que municipios como Tierralta y San Pelayo, en Córdoba, además de su capital Montería, enfrenten mayores amenazas, requiriendo la gestión y articulación institucional para la prevención y atención de posibles emergencias. Montelíbano, Ayapel, La Apartada y Puerto Libertador ya reportan inundaciones. Lea también: 5.464 víctimas del conflicto en Córdoba han recuperado sus predios gracias a la URT
En el caso de Lorica en un Consejo de Gestión del Riesgo de Desastres, convocado días atrás por la Alcaldía, fue dado concepto favorable para declarar la calamidad pública por la ola invernal que afronta el municipio, al tiempo que fue solicitado acompañamiento de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), la Gobernación de Córdoba, la CVS, además de otros.
Con el informe defensorial, emitido hace poco más de dos años, la institución nacional de derechos humanos conminó a los actores nacionales, regionales y locales a asumir las acciones necesarias, a fin de que garanticen o restauren los derechos de las comunidades de los municipios en riesgo o en los que se habían materializado inundaciones u otros eventos relacionados. Le puede interesar: “Proponemos crear una empresa que promueva energías renovables en el Caribe”
Las autoridades nacionales (ministerios de Ambiente y Vivienda, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y Ungrd), departamentales (Gobernación de Córdoba y la CVS), como también las locales (alcaldías ribereñas), desde sus competencias y con un enfoque transversal, subsidiario y complementario, deben poner en marcha las medidas, planes de preparación y obras necesarias, de acuerdo con la política nacional para la gestión del riesgo (Ley 1523 de 2012).
Como miembros del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, la finalidad es que eviten o atiendan los desastres naturales que puedan ser originados por el recrudecimiento de la temporada invernal, sin esperar a que ocurra una tragedia.