La Contraloría General de la República adelanta en el departamento de Córdoba 144 procesos de responsabilidad fiscal, que ascienden a la suma de 214 mil millones 840 pesos, recursos que se pagaron sin el cumplimiento de los requisitos legales.
La lista la encabezan cinco procesos que suman 74 mil 919 millones de pesos, por lo cual se decretaron medidas cautelares en procesos de responsabilidad fiscal, toda vez que no se han culminado, no han cumplido su objeto o en su defecto, se pagaron sin que la ley estableciera ese derecho. Sugiero leer: Plantón por deficiente prestación de salud a policías en Córdoba
De acuerdo con lo señalado por el contralor general de la nación, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, quien llegó a la capital cordobesa, una de las "perlas" encontradas fue el pago que hizo el departamento por prestación de servicios de terapias de neurorrehabilitación, por valor de 15 mil 173 millones de pesos.
Advirtió que eso afectó los recursos de la Gobernación, si se tiene en cuenta que los paquetes integrales de neurorrehabilitación a pacientes considerados como pertenecientes a la población pobre no cubierta con subsidios a la demanda, estaban incluidos en el Plan Obligatorio de Salud y no debían ser asumidos por el ente departamental.
Los recursos, según el ente investigador, fueron cancelados a las IPS: Fundenal IPS SAS, Funtierra Rehabilitación IPS Ltda., Semillas de Esperanza, Unidad Integral de Terapias U.I.T.E.A.T., con previa autorización y auditoria médica ejecutada por la Secretaría de Desarrollo de la Salud de Córdoba, ocasionando un detrimento patrimonial, que afectó los intereses del departamento.
La lista de contratos con presuntas irregularidades también incluye uno por valor de 18 mil 734 millones de pesos, denominado “Aplicación de ciencia, tecnología e innovación para mitigar efectos de los TLC en este departamento".
Este convenio fue suscrito entre la Gobernación de Córdoba y la Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal CONIF – Corporación de Tecnologías Ambientales y Sostenibles y la investigación se inició porque el convenio no se ejecutó y el contrato de interventoría no cumplió con sus funciones y obligaciones, pero se autorizaron los desembolsos.
También advirtieron irregularidades en el funcionamiento de la sede de la Universidad de Córdoba en el municipio de Sahagún, celebrado entre el departamento y el Consorcio PAIN 2015, por un valor de 16 mil 842 millones.
En una auditoría se advirtió que no se había efectuado la dotación inmobiliaria, de laboratorio, de equipos de oficina, la instalación y funcionamiento de tres ascensores, la conexión y puesta en funcionamiento del agua potable. Igualmente, la obra no ha sido ejecutada en un 100% y aún no se encuentra en funcionamiento, afectando con ello a más de 3.000 jóvenes de la región.
La lista también incluye la construcción y dotación de la Unidad Materno Infantil de la ESE Hospital San Jerónimo, de Montería por un daño inicial que asciende a los 16. mil 118 millones de pesos, contratada con el Consorcio Unidad Materno Infantil.
"El proyecto no cumplió con una debida planeación, al no contar con los estudios y diseños previos completos, suficientes y oportunos para determinar la factibilidad técnica y financiera de la obra; así como falta de vigilancia y control por parte de la interventoría, al no verificar los soportes técnicos, económicos y jurídicos y la viabilidad de ejecución del proyecto", señaló el contralor.
Adicionalmente, se determinó falta de evaluación, corrección y ajuste de los planes en el desarrollo de la obra, la cual presenta mala estructuración y aplicación de procesos constructivos. Lo anterior, conllevó a que hoy se tenga una obra inconclusa que no cumple las funciones, finalidades y el beneficio social y económico que motivaron su contratación, así como a la afectación de los recursos del departamento de Córdoba.
El listado finaliza con un contrato suscrito entre la Secretaría de Infraestructura de Córdoba y el Consorcio Alcantarillado PL, con recursos de la extinta Fonade, para la extensión de redes de alcantarillado sanitario y pluvial en el municipio de Puerto Libertador, por valor de 8.052 millones de pesos.
Se indicó finalmente, que la obra, que debía ejecutarse en 10 meses, no ha cumplido con el objetivo establecida, toda vez que el municipio de Puerto Libertador cuenta con baja cobertura de alcantarillado, y en la actualidad existen barrios que no poseen alcantarillado sanitario, demostrando de esta manera el incumplimiento del objeto del contrato señalado.