El Ministerio de Educación Nacional denunció ante la Fiscalía la utilización de su nombre para estafar a contratistas de Córdoba y Antioquia. La acción se impetró luego que la empresa Comercializadora y Distribuidora LD, con domicilio en Sahagún, demandara a dos supuestos funcionarios de la entidad por el robo de 520 millones de pesos.
En un comunicado del MEN señalan que adelantaron el proceso porque hechos como esos afectan el buen nombre del ministerio y el de sus servidores: Advirtieron además que la totalidad de los procesos de contratación que adelanta la entidad se realizan a través de SECOP II, que es la plataforma transaccional dispuesta por el Gobierno Nacional para hacer las contrataciones en línea y que debe ser usada de manera obligatoria por todas las entidades estatales y proveedores para la adquisición de bienes y servicios, garantizando con ello la trazabilidad y transparencia de todos los procesos de contratación.
Advierten que en caso de sospecha en relación con algún proceso de contratación en el que el Ministerio de Educación Nacional sea el comprador, puede informarla al correo electrónico contratacion@mineducacion.gov.co de la Subdirección de Contratación, con el fin de poder hacer las validaciones correspondientes para verificar que la adquisición si está siendo adelantada por el ministerio y que los funcionarios involucrados son personas vinculadas al mismo.
Como se recordará, una bien organizada banda de estafadores, que simulaban ser funcionarios del Ministerio de Educación Nacional, robó la suma de 520 millones de pesos a la firma señalada, según denunció la representante legal, Yohana Almanza, quien indicó que todos los documentos parecían reales y que siempre creyeron tener contacto directo con dos funcionarios del ministerio, identificados como Claudia Milena Gómez, subdirectora de fortalecimiento institucional del ministerio, y Camilo Gutiérrez, jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas, a quienes le habían suplantado la identidad.
Los supuestos funcionarios también se comunicaron con el rector de la institución educativa Albert Einsten, de Soledad, Atlántico, Rafael Pérez Hurtado, a quien le pidieron que prestara su sede como centro de acopio para la llegada de 240 computadores, que serían suministrados por la empresa cordobesa, los cuales serían distribuidos en distintos colegios de Atlántico. A cambio la institución sería beneficiada con 40 equipos de cómputos.
El contrato, que tenía todas las características de uno real, se hizo el 29 de mayo bajo el número 118 por el valor de 649 millones 500 mil pesos y estuvo firmado por la secretaria general del MEN, Heibi Poveda Ferro, a quien le suplantaron la identidad, previo cumplimiento de todos los requisitos legales para tal fin.
Como interventora del contrato figuraba en los documentos Claudia Milena Gómez, la subdirectora con quien supuestamente habían adelantado toda la negociación, pero que finalmente solo usaron su nombre para consolidar la estafa.
La empresa contratista entregó los equipos, tal y como se había pactado, los cuales fueron recibidos por el directivo de la institución. Luego de esto, hasta el colegio se acercó una persona que llevaba una autorización supuestamente firmada por Camilo Gutiérrez Silva, jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas, con quien también creyeron haber tenido contacto telefónico, en la que se autorizaba a Luis Fernando Pérez Pineda, como delegado del ministerio, para que retirara, transportara y distribuyera los equipos de cómputo.
Con la orden en mano, el autorizado retiró los equipos y hasta el día de hoy se desconoce el destino de los mismos. Se conoció además que bajo esta misma modalidad, también robaron equipos a una empresa en el departamento de Antioquia.
“El Ministerio de Educación Nacional rechaza y condena los hechos perpetrados por personas inescrupulosas que han usado fraudulentamente su nombre y el de sus servidores, por lo que presentó las correspondientes denuncias ante la Fiscalía General de la Nación y, solicita a los proveedores de bienes y servicios, así como a la ciudadanía en general, abstenerse de suscribir y ejecutar contratos cuyo proceso de selección no se haya adelantado a través de SECOP II”, indicó el ministerio a través de un comunicado.