Una bien organizada banda de estafadores, que simulaban ser funcionarios del Ministerio de Educación Nacional, robaron la suma de 520 millones de pesos a la firma cordobesa Comercializadora y Distribuidora LD, la cual está ubicada en el municipio de Sahagún.
De acuerdo con lo señalado por la representante legal de la firma, Yohana Almanza, ellos accedieron a una convocatoria, abierta supuestamente por el ministerio, para dotar equipos tecnológicos para el programa de Aprende Digital a varias instituciones educativas del departamento del Atlántico.
Justo por la pandemia, todo el proceso se adelantó de manera virtual y a través de llamadas telefónicas, en las que se identificaban como funcionarios que efectivamente trabajan en la entidad como Claudia Milena Gómez, subdirectora de fortalecimiento institucional del ministerio, y Camilo Gutiérrez, jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas.
Al mismo tiempo se comunicaron con el rector de la institución educativa Albert Einsten, de Soledad, Atlántico, Rafael Pérez Hurtado, y le pidieron que prestara la sede para que sirviera de acopio de los equipos que serían entregados, 240 computadores en total.
El contrato, que tenía todas las características de uno real, se hizo el 29 de mayo bajo el número 118 por el valor de 649 millones 500 mil pesos y estuvo firmado por la secretaria general del MEN, Heibi Poveda Ferro, a quien le suplantaron la identidad, previo cumplimiento de todos los requisitos legales para tal fin.
La fecha del mismo era de 15 días y les entregaron incluso un certificado de disponibilidad presupuestal con el número 2020000359 de marzo de 2020. Para el pago les indicaron que debían aportar la factura y que el monto sería consignado 15 días después, mediante transferencia electrónica a la cuenta de ahorros de la empresa en Bancolombia.
Como interventora del contrato figuraba en los documentos Claudia Milena Gómez, la subdirectora con quien supuestamente habían adelantado toda la negociación, pero que finalmente solo usaron su nombre para consolidar la estafa.
La empresa contratista entregó los equipos, tal y como se había pactado, los cuales fueron recibidos por el directivo de la institución. Luego de esto, hasta el colegio se acercó una persona que llevaba una autorización supuestamente firmada por Camilo Gutiérrez Silva, jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas, con quien también creyeron haber tenido contacto telefónico, en la que se autorizaba a Luis Fernando Pérez Pineda, como delegado del ministerio, para que retirara, transportara y distribuyera los equipos de cómputo.
El supuesto delegado por el ministerio llegó al colegio a recoger los equipos, con el fin de empezar la distribución de los mismos y hasta ese momento, el contratista y el mismo rector pensaron que todo estaba en orden. Sin embargo, una llamada de un directivo de un colegio de Antioquia, a quien aplicaron la misma modalidad, les advirtió que habían sido estafados.
Se comunicaron de inmediato con el ministerio y preguntaron por las dos personas con las que supuestamente habían hablado durante todo el proceso, pero se encontraron con la sorpresa que estos desconocían el contrato y les dijeron que nunca los habían llamado.
La denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía en Bogotá para que se inicie la investigación. Sin embargo, llama la atención que una de las cláusulas del contrato establece que se exonera de toda responsabilidad al Ministerio de Educación Nacional en caso de demandas.