La Contraloría de Córdoba detectó 59 hallazgos en el Hospital Sandiego de Cereté, centro asistencial intervenido por la Superintendencia de Salud, de los cuales 32 son de tipo administrativo, 18 con incidencia disciplinaria y 9 con incidencia fiscal.
La afirmación fue hecha por el contralor Omar Lozano, en un debate de control que programó la Asamblea de Córdoba, con el fin de analizar la situación de los centros asistenciales en Córdoba, especialmente en esta época en que se requiere del funcionamiento óptimo de los mismos.
El funcionario explicó que los procesos de incidencia fiscal podrían representar un detrimento patrimonial de $645.301.109, situación que tendrán que esclarecer los directivos ante el órgano de control.
La auditoría puso la lupa sobre las actuaciones de la saliente directora, Betty Paternina, quien culminó su mandato en diciembre del año anterior, luego de la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud.
Los hallazgos fueron notificados a la agente interventora, Sandra Jaramillo, quien será la encargada de liderar el plan de mejoramiento del hospital y debe tomar las medidas correctivas para que las cinco acciones abiertas sean subsanadas.
Lozano insistió en que las nuevas acciones deben ser incluidas en un plan de mejoramiento, derivado de este proceso auditor, el cual queda sujeto a seguimiento por parte de la Contraloría para garantizar que se hagan los ajustes pertinentes.
Dijo finalmente, que compulsará copias del proceso a la Procuraduría, para que adelante las actuaciones correspondientes a las que haya lugar de acuerdo con su competencia.
Hay que indicar que durante el proceso de intervención la Superintendencia indicó que no se estaba prestando con eficiencia el servicio a los pacientes y dentro de las falencias destacó que algunos tratamientos se iniciaban tardíamente por falta de medicamentos, insumos con fecha de vencimiento expiradas e inadecuadas condiciones de aseo y desinfección de superficies.
También identificaron fallas en los procesos de contratación y vinculación laboral, toda vez que para la vigencia 2019 no contó con revisor fiscal, ni con oficina de Control Interno Disciplinario, no cancelaba en los tiempos establecidos los honorarios de los contratistas y celebró un contrato para el suministro de medicamentos sin la información suficiente relacionada, sin valores unitarios, ni cantidades.
En ese momento se habló de un creciente desequilibrio presupuestal originado en la adquisición de compromisos por encima de los ingresos, envejecimiento de cartera, pérdida constante de la capacidad de pago de las obligaciones derivadas de su operación y la falta de un sistema de costos que le permita hacer más eficiente la utilización de los recursos.