Un verdadero calvario tuvieron que vivir los familiares de Blanca del Carmen Caballero de Martínez, para que les entregaran su cadáver, pues pretendían cremarla, sin ser una paciente con COVID-19.
La historia comenzó el pasado 14 de mayo cuando ingresó a la Clínica La Esperanza, donde le realizaron un primer diagnóstico en torno a la enfermedad. Al día siguiente fue remitida a la Clínica Amigos de la Salud, donde fue internada en la Unidad de Cuidados Intensivos.
Desde ese momento sus familiares nunca más pudieron verla. El diagnóstico de la enfermedad exigía que la tuvieran aislada y solo entregaban los reportes formales con relación a su deteriorado estado.
Pocas horas antes de morir, llegó el diagnóstico oficial en el que se señalaba que la paciente no tenía coronavirus. Sin embargo, cuando se produjo el deceso, el tratamiento que le dieron en el centro asistencial fue el de una paciente con COVID-19 y por ello les anunciaron que la cremarían, dijo uno de sus hijos.
Ante esa decisión, buscaron la ayuda de la Personería y de la Policía para garantizar que les devolvieran el cuerpo de su progenitora, pero lograr el objetivo no fue nada fácil, pues tuvieron que hacer trámites desde la madrugada del miércoles hasta casi la media noche.
Recibieron una caja sellada, que los hizo dudar incluso que allí estuviera el cuerpo de la matrona de la casa, pues no tenían forma de comprobarlo, hecho que les dejó un sinsabor, toda vez que llevaban largos días sin poder estar con ella.
La clínica entregó el cuerpo a la funeraria, sin la presencia de ningún familiar y bajo estrictos protocolos de bioseguridad, desatendiendo la última prueba entregada a la señora, donde se decía que era negativo para coronavirus, explicó una de las hijas de la fallecida.
Pidieron a las autoridades que se adelanten las investigaciones correspondientes, aduciendo que es posible que en la clínica le hayan suministrado medicamentos para pacientes con COVID-19 que hayan podido desencadenar su muerte.
“Hubo una mala atención y haremos las gestiones necesarias para que se investigue la muerte de mi madre, ya que considero que se violaron sus derechos”, reiteró aduciendo que tal vez los medicamentos le produjeron una falla renal, que terminó en diálisis.
Con relación a la denuncia se pronunció la representante legal de la clínica, Martha Bermúdez, quien aseguró que nunca se le violaron los derechos a la paciente y que la recibieron con un primer diagnóstico positivo para COVID-19 y toda la sintomatología, pero aún así no le alcanzaron a colocar Cloroquina.
Explicó que la adulta mayor desarrolló una trombocitopenia, que se agravó por su hipertensión e infección respiratoria aguda, que finalmente terminó causándole la muerte.
Poca información
Por su parte, el personero de Montería, Jorge Galofre, dijo que ha recibido múltiples quejas de familiares de pacientes, quienes manifiestan que no les están informando el estado de salud de sus seres queridos.
“Verificamos los casos y hablamos con los funcionarios encargados de comunicarse con los familiares en un recorrido por las distintas clínicas y les recordamos que están en la obligación de dar el parte médico de los pacientes a sus familiares y que los protocolos del COVID-19 no deben ser una excusa para no comunicarlos”, indicó el funcionario.
Exigió a las IPS a que informen oportunamente la evolución médica de los pacientes con COVID-19 o sin este y los invitó a fortalecer sus canales de comunicación, podrían ser virtuales o telefónicos, para entregar los reportes a los familiares.