Un enérgico llamado hicieron los transportadores de Montería al alcalde de la ciudad, Carlos Ordosgoitia, para que haga cumplir la ley y controle la ilegalidad en el transporte, aduciendo que está desbordada y que cada día se incrementa el índice de accidentes.
En un comunicado firmado por Juan Diego Ochoa, gerente de Teletaxi; Alejandro Ortiz, de Metrosinú; César Montes, de Servitaxi; Bernardo Grandeth, de Monteriana Móvil; Alba Restrepo, de Movitaxi, y José Rodríguez, de R y M, evidenciaron la molestia que tienen con el recién posesionado mandatario.
Señalaron que la administración, a pesar de haber prorrogado por tres meses el decreto de regulación del tránsito de motocicletas, este ha quedado como letra muerta porque no existe voluntad, ni los medios para hacerlo cumplir.
Los empresarios manifestaron que no existe en la actualidad un convenio con la autoridad operativa para los controles del transporte ilegal y con ello se ha evidenciado el incremento de accidentes y muertes, con el agravante de que en distintas reuniones el alcalde ha manifestado que ese decreto no tendrá aplicación efectiva, permitiendo la prestación del servicio ilegal de mototaxis.
También advierten que hay un estudio técnico contratado por la administración municipal para el cálculo y establecimiento de la tarifa para la vigencia 2020 y que pese a ello, el alcalde no ha expedido el decreto de incremento del valor del transporte público, con lo cual se estaría generando un desequilibrio financiero y poniendo en riesgo la estabilidad del sistema de transporte público de Montería.
Agregaron que el Concejo promovió como política pública el subsidio para los estudiantes, acogiendo las recomendaciones del gobierno nacional y a la fecha, la administración no ha gestionado la implementación de la tarifa diferencial que promueve ese beneficio para los estudiantes más necesitados.
“Montería padece un grave problema de movilidad, ubicándose entre las ciudades con mayor índice de accidentalidad, a pesar de las grandes inversiones en infraestructura, cofinanciadas por el gobierno nacional para fortalecer el sistema de transporte público de la ciudad, a pesar de esto, la administración con sus actuaciones promueve la ilegalidad, el caos y la accidentalidad”, señalan los transportadores.