Aduciendo falencias administrativas y financieras, la Superintendencia Nacional de Salud intervino el hospital Sandiego de Cereté por el término de dos meses, los cuales podrían prorrogarse por el mismo período.
El organismo designó como agente interventor a Sandra Milena Jaramillo, funcionaria de la entidad, quien se encargará de tomar los correctivos con el fin de garantizar la prestación del servicio.
El objetivo del proceso, que se inició este jueves de manera sorpresiva, es garantizar la continuidad en la prestación del servicio de salud en condiciones de calidad y oportunidad, y realizar un análisis para determinar si la entidad vigilada puede cumplir su objeto social o en su defecto, ser liquidada.
Advierte la Super que el hospital presenta deficiencias en el cumplimiento de los estándares de habilitación y calidad exigidos para cada uno de los servicios y que se identificaron una serie de prácticas y aspectos no favorables para la atención de los usuarios.
Según la resolución 10830 del 20 de diciembre de 2019, dentro de los hallazgos se encontró que: algunos tratamientos inician tardíamente por falta de medicamentos, insumos con fecha de vencimiento expiradas e inadecuadas condiciones de aseo y desinfección de superficies.
También señalan que se identificaron fallas en los procesos de contratación y vinculación laboral para la vigencia 2019, pues no contó con revisor fiscal, ni con oficina de Control Interno Disciplinario, no cancela en los tiempos establecidos los honorarios de los contratistas y celebró un contrato para el suministro de medicamentos sin la información suficiente relacionada, sin valores unitarios, ni cantidades.
Reiteran que el centro asistencial presenta un creciente desequilibrio presupuestal originado en la adquisición de compromisos por encima de los ingresos, envejecimiento de cartera, pérdida constante de la capacidad de pago de las obligaciones derivadas de su operación y no cuenta con un sistema de costos que le permita hacer más eficiente la utilización de los recursos.
Procuraduría lo advirtió
Desde el pasado mes de junio la Procuraduría General de la Nación advirtió una serie de irregularidades cometidas en el hospital, liderado en ese momento por Betty Paternina, quien fue suspendida del cargo.
Durante su visita al departamento de Córdoba, el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, calificó lo allí encontrado como una de las historias más indignantes de corrupción.
En su momento advirtió que se descubrió un proyecto de compra de determinados medicamentos con sobrecostos hasta del 200 del 780 por ciento.
Citó casos concretos de pastillas que valen 27 pesos, las cuales fueron pagadas a 240 pesos y otras cuyo valor en el mercado eran por 423 pesos las facturaban a 2.400 pesos.
Carrillo dijo también que en el hospital habría algún tipo de nómina paralela y que el organismo creía que se habían violado todos los principios presuntamente en el proceso de planeación, transparencia y publicidad.