La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria y ordenó la suspensión de la secretaria de Educación de Córdoba, Paula Andrea Morales Soto, por presuntas irregularidades en el pago de cesantías a docentes del departamento durante la vigencia de 2019.
De acuerdo con lo señalado por el órgano de control disciplinario, se trata de una medida cautelar de primera instancia, luego de unas investigaciones en las que se determinó que se habrían registrado algunas irregularidades en el trámite que debían adelantar los profesores y administrativos para el pago de sus cesantías.
Aunque la medida tiene un recurso de apelación vigente, se tomó luego de la revisión de unos documentos de agosto en los cuales se detectaron falencias para acceder a los retiros parciales o definitivos de las cesantías.
La secretaria de Educación le confirmó a la Procuraduría que hace algún tiempo había solicitado a los abogados del área jurídica que realizaran una revisión detallada de los actos administrativos que reconocían el pago de cesantías porque temía que había algo irregular en los mismos.
Dijo que fue justo en ese proceso en el que se encontraron las irregularidades como certificados de libertad y tradición donde figuran datos exactamente iguales, con número de matrícula inmobiliaria diferente, promesas de compra venta suscritas con varios docentes sobre el mismo lote de terreno y sospechosas firmas de notarios en los documentos que figuran autenticados por estos.
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Pese a que la misma funcionaria denunció el hecho el pasado 30 de agosto, la Procuraduría señaló que es su responsabilidad verificar la legalidad de los documentos antes de expedir una resolución de pagos.
Por su parte, la gobernadora de Córdoba, Sandra Devia, dijo que acatan la decisión de la Procuraduría y que ahora les corresponde proceder de acuerdo con lo establecido en la ley, toda vez que la Procuraduría calificó la falta como gravísima.