Cerca de cinco mil estudiantes indígenas del cabildo Zenú, en los municipios de San Andrés de Sotavento y Tuchín, en Córdoba, aún no han podido empezar clases porque no les han designado los docentes que se encarguen del ejercicio académico, situación que motivó una protesta ayer en Montería.
La denuncia la hicieron los gobernadores indígenas, quienes señalaron que mientras en los otros colegios empezaron clases el 18 de enero, en esos dos municipios hay 4.797 estudiantes indígenas sin asistir a las instituciones educativas, toda vez que la Gobernación de Córdoba no ha firmado el contrato con el Cabildo Mayor Regional del Pueblo Zenú, el cual venía operando el sistema a través de lo que se conoce como banco de oferentes, aduciendo que no hay dinero para ello.
Señalaron que en una mesa de trabajo que se hizo en el mes de marzo pasado con el Ministerio de Educación Nacional y la administración departamental se acordó adelantar el proceso de contratación, pero aún no se ha hecho efectivo. Sin embargo, ya se resolvió en la comunidad indígena del alto San Jorge donde se firmó un contrato por 25 mil millones de pesos con la Corporación Social y Educativa Paz y Futuro, duramente cuestionada por la ministra de Educación, Gina Parody, por cobrar por alumnos fantasmas.
“Desde hace más de dos semanas, El Cabildo Mayor ha colocado en conocimiento del Ministerio de Educación Nacional, la forma como la Gobernación viene dilatando el proceso de contratación educativa con la autoridad indígena, excusándose en la supuesta falta de recursos económicos y ellos nos han respondido que los recursos fueron girados oportunamente al ente territorial, para atender la contratación de la educación de los niños del Resguardo Zenú”, indicaron en un comunicado.
Dijeron además que los 22 establecimientos educativos que atiende una población de 21 mil estudiantes indígenas en los municipios de San Andrés de Sotavento y Tuchín atraviesan una grave crisis, en virtud de que estos colegios no reciben desde la vigencia 2013 al 2015, recursos de gratuidad para su funcionamiento. “La situación es tan grave que hoy los mencionados planteles educativos no tiene recursos ni para comprar una hoja de papel”, reiteran.
También señalaron que la administración departamental no ha nombrado a un grupo de docentes que fueron seleccionados por las autoridades indígenas para suplir vacantes que dejaron los maestros que cumplieron edad de retiro forzoso, situación que afecta una población de más de 100 estudiantes.
