Las 500 hectáreas, devueltas luego de la intervención de la Unidad de Restitución de Tierras, están ubicadas en el municipio de Valencia, hacienda Nueva Esperanza, antiguamente denominada Las Tangas, conocida como uno de los primeros latifundios ganaderos que adquirió el extinto jefe paramilitar Fidel Castaño en esta zona del país, y desde donde se fraguaron todo tipo de afrentas en contra de la población civil.
El despojo de estas familias se hizo bajo una serie de procedimientos jurídicos irregulares, puesto que, producto de la intimidación ejercida por miembros de Funpazcor, la ONG creada por las AUC para retribuir con acciones benéficas el daño causado con su proceder delictivo, o de personas vinculadas con los paramilitares, los campesinos se vieron obligados a vender sus predios por valores irrisorios.
“La situación de orden público empeoró en la zona y yo no podía dejar que me mataran ahí. Esa gente me dijo que necesitaban las tierras y que teníamos que salir. Un día, 10 hombres llegaron a caballo y me dijeron que tenía que salir al día siguiente porque después no respondían. Yo le vendí las tierras a un señor que le dicen Monoleche. Él pagó lo que quiso por mi parcela y desde eso no volví más por allá”, expresó una de las campesinas restituidas con este fallo.
Para legitimar los despojos, la familia Castaño constituyó una sociedad llamada Inversiones La Milagrosa, figura jurídica donde aparecen como aportantes quienes, gracias a este fallo, recuperan su predio. Sin embargo, estas personas aseguran que nunca firmaron ningún documento para formar parte de la mencionada sociedad y, mucho menos, han recibido dádivas o beneficios por pertenecer a ella. De acuerdo a las investigaciones realizadas por la Unidad de Restitución de Tierras, es evidente que la constitución de esta sociedad se hizo bajo condiciones fraudulentas.
Se estableció además que los predios pasaron de Inversiones La Milagrosa a ser concentrados por una persona natural, quien de acuerdo a un informe rendido ante la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y Paz, es señalado como pieza clave dentro de la cadena que fue utilizada por los hermanos Castaño en la recuperación de sus territorios.
En Valencia, 250 familias han recuperado las parcelas de las que fueron despojadas por este grupo delincuencial.
