“Los intereses particulares no pueden poner en vilo el desarrollo que se ha generado en el municipio de Uré desde su creación, pues antes éramos un corregimiento de Montelíbano, abandonado por el Estado”.
Así lo indico la Alcaldesa de Uré luego que el Tribunal Administrativo de Córdoba decidiera suspender la ordenanza de creación del nuevo municipio de Uré.
La funcionaria señaló que desconoce cuáles son los intereses que pueden mover decisiones como esas, pero reiteró que efectivamente debe haberlos porque no se entendería de otra manera que se pretendiera frenar el progreso que ha tenido Uré desde que está manejando sus propios recursos.
Reiteró que si bien es cierto que hay localidades que se ven afectadas con la creación de Uré como Montelíbano, del cual segregaron el territorio para la creación del municipio número 30 de Córdoba, también lo es que Uré vive una realidad distinta.
Tiene agua potable en el cien por ciento del casco urbano, nuevas aulas escolares, el 80 por ciento de las calles pavimentadas, más personas en el programa Familias en Acción y un manejo con superavit del sector de la salud debido al manejo de los recursos que gira la Nación.
Acosta reiteró que los habitantes de la localidad seguirán dando la lucha para que Uré no pierda su condición de ente municipal. Es consciente que la batalla jurídica no será fácil pero considera que no es justo que se juegue con los sueños y con la esperanza de toda una comunidad que ha visto florecer el desarrollo.
Y efectivamente la lucha jurídica no da tregua. Inicialmente el abogado William Quintero lideró la acción judicial aduciendo que el municipio había sido creado con ciertas irregularidades y entre ellas que no tiene el número de habitantes que se requiere para formar un nuevo ente. Sin embargo, la Alcaldesa de Uré señala que efectivamente la ordenanza 011 tiene anexo un certificado del DANE en el cual se habla de 14.300 habitantes y luego en la ordenanza 024 de 2008, pero después de una redelimitación, lógicamente se disminuyó el número.
La funcionaria insistió en que agotarán las herramientas jurídicas necesarias para defender su nueva condición y que por ello espera que el Consejo de Estado se pronuncie de fondo y les permita seguir siendo municipio.
