Ciento setenta denuncias instauradas desde 1977 involucran al Fondo Ganadero de Córdoba en ilícitos que terminó titulando tierras de los campesinos a los paramilitares en la zona de Urabá.
La Fiscalía confirmó que a 160 familias las obligaron a abandonar sus predios, equivalentes a cerca de tres mil hectáreas, que hoy están en manos del Fondo Ganadero de Córdoba.
Esas fueron precisamente las investigaciones que motivaron la captura de cinco miembros de la mencionada entidad incluido el gerente, Carlos Sotomayor, quien fue trasladado en un avión de la Policía a Bogotá.
Junto a él fueron detenidos el accionista mayoritario y miembro de la junta directiva, Benito Molina Velarde; el notario tercero de Montería, Miguel Puche Yánez; el abogado Carmelo Esquivia y Orlando Fuentes. Solo dos de ellos, Fuentes y Puche Yánez, permanecen en Montería debido a problemas de salud, el resto también se encuentra en la capital de la República.
La investigación se está adelantando en conjunto con la Unidad de Restitución de Víctimas y ha sido clave en el proceso la colaboración que ha prestado a la Fiscalía el exgerente del Fondo Ganadero y exgobernador de Córdoba por pocos días, Benito Osorio.
Se indicó que la Fiscalía escuchará a los detenidos en indagatoria y definirá si los envía o no a prisión. Por lo pronto, los sindican de una posible comisión de delitos como desplazamiento forzado, concierto para delinquir y falsedad en documento.
La misma investigación señala que el Fondo Ganadero de Córdoba compraba de manera irregular tierras en el Urabá antioqueño las cuales pertenecían a campesinos que debían abandonarlas por la presión de los grupos de autodefensas que operaban en la zona.
Posteriormente, las tierras eran legalizadas en Montería, varias de ellas en la notaría tercera, y más tarde las vendían a ganaderos de la región.
Según las declaraciones de Osorio Villadiego, los miembros de la junta directiva hicieron alianzas estratégicas con los hermanos Castaño y con Sor Teresa Gómez, cuñada de estos, para apoderarse de las tierras que a veces pagaban a precios irrisorios.
Como se recordará, la Superintendencia de Notariado y Registro había solicitado al Fondo Ganadero de Córdoba devolver 107 predios comprados a campesinos en el Urabá antioqueño, indicando que fueron adquiridos de manera irregular.
En su momento, el superintendente Jorge Enrique Vélez García se refería al predio Tulapa y que al momento de la negociación con el Fondo los vendedores de los predios no acreditaban el documento a través del cual se estableciera la propiedad plena del terreno que estaban transfiriendo a la sociedad, salvo en algunos casos donde se encontraba previamente la resolución de adjudicación del Incora (actualmente Incoder) o la respectiva escritura pública de protocolización del acto de compraventa.
En su momento dijo también que las resoluciones de adjudicación del Incora, en aquellas negociaciones en las cuales no se contaba con título de propiedad, fueron expedidas por dicha entidad después de suscrito el contrato con el Fondo y que la gran mayoría de compraventas y posteriores escrituras de aquellos predios que a la fecha se encuentran legalizados, fueron suscritas por la señora Sor Teresa Gómez Álvarez, a quien los propietarios de los predios presuntamente le otorgaban poder con el fin de adelantar las negociaciones ante el Fondo Ganadero de Córdoba S.A.
Los campesinos denunciaron en su momento suplantación y falsificación de documentos y aseguraron que habían tenido que abandonar sus tierras por amenazas.