La Unidad de Restitución de Tierras (URT), a través del equipo étnico de su Dirección Territorial Bolívar-Sucre presentó una demanda a favor del Consejo Comunitario de Comunidades Negras Los Olivos, con el fin de restituir 3.396 hectáreas y 5.695 m² de tierras ubicadas en el corregimiento de Hatoviejo, en el municipio de Calamar.
La acción permitirá amparar los derechos de 1.072 personas, que por años han estado esperando la reivindicación de sus derechos tras haber sido víctimas de la violencia especialmente entre 1997 y 2005. Lea también: Realizan audiencia para entrega de predios en ‘Las Palmas’, en San Jacinto
“Este es un paso fundamental para pensar la restitución en clave intercultural, en diálogo directo con los saberes ancestrales y a partir de allí fortalecer los vínculos comunitarios de la comunidad con su propio territorio. De esta manera se construye la paz”, expresó Daniel Flórez, director territorial de la URT en Bolívar y Sucre.
Por su parte, Danit Escorcia, representante legal del Consejo Comunitario de Comunidades Negras Los Olivos indicó: “Expresamos nuestra gratitud con la URT por su acompañamiento y compromiso inquebrantable, los cuales han sido fundamentales para el impulso de nuestros procesos y la inclusión efectiva de las comunidades, partiendo de sus realidades y necesidades específicas”.
El proceso hacia la restitución de tierras del Consejo Comunitario Los Olivos
De acuerdo a lo manifestado por la URT, el proceso para la restitución comenzó en 2021, con la focalización del caso del Consejo Comunitario de Comunidades Negras Los Olivos. Luego, en 2023 se realizó el estudio preliminar que recomendó la caracterización de las afectaciones territoriales.
En julio del 2025 se llevó a cabo la caracterización y en noviembre la asamblea de cierre de esta fase, en la que se presentaron a la comunidad los hallazgos del informe, los cuales fueron aprobados. Ahora lo que sigue es el trámite de la demanda.
Entre sus pretensiones se encuentra la restitución del territorio ancestral y la reparación integral, el suministro de agua potable para la comunidad, las garantías para el ejercicio de gobierno y la inclusión del Consejo Comunitario como beneficiario colectivo en el contrato de uso y manejo de la Ciénaga El Hobo.