El Instituto Internacional de Estudios del Caribe de la Universidad de Cartagena, a través de los investigadores Amaranto Daniels y Francisco Méndez, presentó un balance parcial de la situación de orden público en el sur de Bolívar, donde hace pocas semanas se presentó un paro armado que dejó incomunicadas y en riesgo a varias poblaciones de la zona rural.
El informe, basado en reportes de la prensa local, organizaciones sociales y líderes comunitarios, comprende el período entre el 25 junio y el 7 de agosto de 2025, donde se evidenciaron 22 combates u hostigamientos por parte de los grupos al margen de la ley.
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De estos, siete correspondían a enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, dos de los grupos que se disputan el control de las rentas ilegales de la zona, provenientes principalmente de la minería y el cultivo de coca. Así mismo, se registran combates con el Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF) y la fuerza pública.
De acuerdo con el investigador Méndez, el conflicto entre los tres grupos armados se ha venido agudizando desde el 2021 en la zona minera de San Lucas, que incluye zonas rurales de Santa Rosa del Sur, municipio donde se reportaron 12 enfrentamientos u hostigamientos.
Sin embargo, también están involucrados territorios como Montecristo, Arenal del Sur y Morales, donde igualmente se han registrado combates e incluso ha habido nuevos hallazgos mineros en los últimos años.
“Esta es un área con mucha riqueza mineral en sus tierras y corredores hídricos y viales que permiten la interconexión, no solo a nivel interregional sino también a nivel internacional, por la proximidad del Catatumbo y el tránsito hacia el Tapón del Darién”, explica. Es por eso que el control del territorio supone una ventaja estratégica para los grupos armados.
En el marco de esta disputa, se han reportado ya 34 homicidios, incluyendo seis que ocurrieron en el municipio de Yondó (Antioquia), que limita con Cantagallo y también tiene injerencia con las dinámicas criminales que se presentan en el sur de Bolívar.
“Yondó tiene una función muy especial dentro de lo que es el sur de Bolívar, la región del Magdalena Medio y la región del valle del río Cimitarra. En Yondó y Cantagallo tenemos petróleo, además es una zona que históricamente ha tenido cultivos ilícitos y que no se puede dejar por fuera porque también hay minas”, añade Méndez.
Sin embargo, para los investigadores llama la atención que la geografía de los combates no necesariamente responda a los territorios donde ocurren los homicidios. Ejemplo de ello es el caso del municipio de San Pablo, donde en el período en cuestión se registran 11.
Por otra parte en Santa Rosa del Sur, donde sí se tiene reporte de enfrentamientos se identificaron 10 muertes violentas, que incluyen modalidades como el sicariato o ejecuciones sumarias, que pueden responder a posibles retaliaciones de los grupos armados.
Los ataques en el sur de Bolívar
En el informe también se registran cuatro casos de ataques con drones en el sur de Bolívar, que han dejado dos soldados profesionales y a un campesino fallecidos. Además, se tiene reporte de la destrucción de una vivienda.
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“Con estos ataques, las estructuras criminales están mostrando un poder de acceso a la tecnología y un cambio en la dinámica de los enfrentamientos frente a la fuerza pública, que muestra a la vez que los drones se utilizan tanto como factor letal, como de seguimiento y monitoreo”, expresa el investigador Daniels.
Además, se advierte que el uso de estos dispositivos no solo pone en riesgo la vida, sino también los bienes de una población civil que vive en unas altas condiciones de vulnerabilidad.
Mientras tanto, otra modalidad que sigue siendo utilizada por los grupos armados son las minas antipersonas, que en el período mencionado dejaron dos afectados: un campesino en Montecristo y un canino antiexplosivos en Yondó (Antioquia).
Así mismo, se evidencia la continuidad de los secuestros, en especial de líderes sociales, con cuatro en los municipios de Santa Rosa del Sur y Cantagallo.
Restricciones a la movilidad y clamor por la paz
En el informe se reportan tres casos conocidos de bloqueo de vías, como estrategia de control del territorio por parte de los grupos armados, que además, han provocado desplazamientos y confinamientos en más de 30 comunidades de los municipios de Santa Rosa del Sur, Arenal del Sur, Montecristo y Río Viejo.
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“Esto nos obliga a pensar en la capacidad técnica y operativa de la fuerza pública para tener el control del territorio. Durante seis décadas estas comunidades no han contado con garantías para la seguridad, la movilidad ni la provisión de bienes y servicios en políticas sociales como salud, educación, vivienda o desarrollo rural”, indicó Daniels.
En este sentido, son de resaltar las siete movilizaciones por la paz que han liderado las comunidades en las últimas semanas. “A través de las Juntas de Acción Comunal, organizaciones sociales, los sacerdotes y pastores cristianos, fue que se logró romper el confinamiento del paro armado y abrir los corredores humanitarios ante la tragedia”, añadió el investigador.
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Lo que sigue para el sur de Bolívar
Aunque el paro armado fue levantado, los investigadores coinciden en que la recuperación del territorio sigue siendo una deuda pendiente por parte de la fuerza pública y del Gobierno en el nivel nacional, departamental y municipal.
“En las zonas rurales del sur de Bolívar encontramos una gran riqueza mineral, pero también una pobreza multidimensional y monetaria en gran parte de la población. Ese es un caldo de cultivo para que a través del reclutamiento se sigan engrosando las filas de los grupos armados y continúe la guerra que afecta a las comunidades”, indicó el investigador Méndez.
La situación cobra aún más relevancia en un contexto en el que se aproximan las elecciones legislativas y presidenciales, que pueden prestarse para una nueva escalada violenta. “Con el sur de Bolívar debe haber una respuesta integral. El Estado debe replantear la política de seguridad porque tenemos una soberanía precaria. Se deben coordinar acciones para reducir el ciclo de violencia actual y garantizar el goce efectivo de los demás derechos humanos”, finalizó Daniels.