Hay zozobra, miedo e incertidumbre en el sur de Bolívar debido a la escalada que ha tenido la violencia de los grupos al margen de la ley. Las restricciones de movilidad impuestas por los insurgentes han provocado el confinamiento de miles de personas, así como el desabastecimiento de alimentos y otros bienes esenciales.
Aunque las autoridades nacionales y locales han anunciado el refuerzo de las ofensivas militares y el envío de ayudas humanitarias, la situación sigue siendo preocupante, pues no es la primera vez en los últimos años que esta zona del departamento se encuentra inmersa en una crisis como esta. Lea aquí: Más de 200 familias fueron desplazadas en Bolívar durante el 2024
De hecho, los investigadores Amaranto Daniels y Francisco Méndez, del Instituto Internacional de Estudios del Caribe, coinciden en que el aumento de la violencia era algo previsible, aún más con la situación que se presentó durante el primer semestre del año en la región del Catatumbo, donde también se dieron desplazamientos forzados por cuenta del accionar de los grupos armados.
El conflicto en el sur de Bolívar
En febrero pasado, Daniels y Méndez presentaron su libro “Territorio, violencias y derechos humanos”, el cual incluye una radiografía sobre el sur de Bolívar y aquellos aspectos que han propiciado el escalamiento de la violencia.
Uno de ellos, explican los investigadores, tiene que ver con las características de la región, donde se ha impuesto la minería ilegal de oro que hoy es epicentro de los enfrentamientos de los grupos armados. Lea: Lanzan libro que analiza la violencia en el sur de Bolívar
“Desde octubre del 2023 hemos venido evidenciando un escalamiento de la disputa por el control de las economías ilegales de los grupos del crimen organizado: el Clan del Golfo, el ELN, el Estado Mayor Central de las antiguas FARC y algunas bandas locales que se disputan el territorio para sacar rentas de mucho valor como la minería ilegal”, dice Daniels.
De acuerdo con los expertos, los enfrentamientos se dan sobre el control del corredor que hay entre el Catatumbo y el Tapón del Darién, que necesariamente pasa por el sur de Bolívar y el nordeste antioqueño.
“Desde mayo hay un cese de operaciones por parte de las disidencias de las FARC, lo que ha implicado una arremetida del Clan del Golfo especialmente desde Nechí (Antioquia), hacia Montecristo. Allí también está La Marizosa, un corregimiento de Santa Rosa del Sur, y la población de Dorada, en Arenal, que son puntos estratégicos donde hay gran minería”, explica Méndez.
El investigador sostiene que el cese de operaciones de las disidencias movilizó cientos de hombres de otros grupos armados para adueñarse de estos territorios, concentrados en la Serranía de San Lucas. “El ELN también intenta expandir y controlar esos dominios que eran de las disidencias, lo que ha implicado el movimiento de tropas”, manifestó. Lea: Minería ilegal, la actividad que afecta a 17 municipios en Bolívar
Sin embargo, la minería no es lo único que se disputan estos grupos. También están las rentas derivadas de la coca, la extorsión, el contrabando e incluso la trata de personas.
“Este panorama es el que comenzamos a plantearle al Estado para que tomara las medidas preventivas y evitara el ciclo de violencia y la gran tragedia humanitaria que en este momento vivimos”, indicó Daniels.
La fragilidad institucional del sur de Bolívar
El hecho de que este contexto de violencia se haya sostenido por tanto tiempo, de acuerdo con los investigadores, muestra la debilidad institucional de este territorio, que ha quedado a merced de las reglas impuestas por los grupos armados.
“El sur de Bolívar es la expresión del estado territorial fallido en Colombia”, afirma Daniels, quien anota que tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016 y la desmovilización del Bloque Magdalena Medio de las FARC, el Gobierno Nacional no fue capaz de fortalecer la presencia institucional en el sur de Bolívar. Lea: La génesis y lo amargo del conflicto en el sur de Bolívar
“Esto evidencia la fragilidad de la política de seguridad del Estado. Se carece de una política pública de seguridad estructural que tenga capacidad de respuesta a los cambios que ha tenido el conflicto armado en Colombia. Hemos pasado de una violencia asociada a la reinvindicación de derechos, a una soportada en economías ilícitas y el crimen organizado”, puntualizó.
Para Daniels, si bien esto demuestra el fracaso de la Paz Total en el sur de Bolívar, tampoco se puede eximir de responsabilidad a los gobiernos departamentales y municipales, quienes también están obligados a establecer planes de seguridad y convivencia ciudadana.
“El actual gobernador sacó gran parte de su votación en el sur de Bolívar. A pesar de sus esfuerzos, nos preguntamos si realmente hay una responsabilidad con el territorio desde las políticas públicas de seguridad y derechos humanos. El Partido Conservador también sacó votación ahí, pero son pocos los debates en el Congreso o en la Asamblea”, aseguró el investigador.
Este tema es relevante considerando la reforma al Sistema General de Participaciones, aprobada el año pasado. “Actualmente los recursos que se giran a los municipios suman el 21% de los ingresos corrientes de la Nación. La reforma aprobada sube las transferencias al 39,5% de forma gradual. Hay que preguntarse cómo se van a distribuir esos recursos”, señala.
Y es que el sur de Bolívar, históricamente, ha estado permeado por la pobreza y la falta de inversión social, lo que incrementa la vulnerabilidad de los pobladores. Por esto, los investigadores afirman que es necesario que existan acciones que procuren recuperar de forma definitiva la soberanía del Estado, pues de lo contrario, continuará el ciclo de violencia, sobre todo teniendo en cuenta que se aproximan nuevas elecciones.
La resistencia de las comunidades del sur de Bolívar
Pese a este panorama, los investigadores resaltan las acciones de resistencia que han surgido desde la mismas comunidades, como marchas que se llevaron a cabo la semana pasada en Santa Rosa del Sur pidiendo la paz y la liberación de los secuestrados, o el liderazgo de los párrocos y pastores de las iglesias para dialogar con los actores armados y establecer corredores comunitarios. Lea: Santa Rosa del Sur marchó por la paz tras paro armado en la zona rural
Sin embargo, esto también invita a la reflexión sobre la ausencia estatal. “En el sur de Bolívar están usando el hambre como una herramienta de guerra. ¿Cómo es posible que la fuerza pública no haya podido garantizar la seguridad y le toque a la misma comunidad llegar a acuerdos con los grupos armados?”, cuestiona Méndez.
Por su parte, Daniels explica que la ausencia estatal ha fomentado la creación de modelos de autogobierno desde el territorio, principalmente desde las Juntas de Acción Comunal. “Este modelo choca muchas veces con la presencia de la fuerza pública y de autoridades que no aún han logrado entender cómo dialogar para buscar lo que todos queremos: dignidad y derecho a la vida”, indicó.
Piden plan de choque para el sur de Bolívar
Para los investigadores, la tragedia humanitaria que se está viviendo en el sur de Bolívar requiere de una solución estructural, compleja pero no imposible, que implique el fortalecimiento de la fuerza pública pero también la garantía de derechos humanos y sociales.
“Se debe hacer un plan de choque de intervención fruto de una alianza entre Gobierno Nacional, el departamento y los alcaldes para hacer un programa que implique la provisión de bienes, servicios y un proceso educativo”, expuso Daniels, quien agregó que este plan debe tener acciones con un horizonte a varios años para procurar una intervención integral.
Así mismo, se requiere atacar otros aspectos que alimentan el conflicto, como el reclutamiento forzado de jóvenes y la minería ilegal, que además tienen consecuencias sociales y ambientales sobre el territorio.
Bajo esta apuesta, sentada sobre la base de una verdadera presencia institucional, consideran que será posible para el Estado recuperar el sur de Bolívar, dejar atrás el estigma de violencia que carga y garantizar un proyecto de vida en las mejores condiciones para los ciudadanos, que hoy siguen siendo víctimas del conflicto armado.