La Dirección Territorial Bolívar-Sucre de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó su informe de avances durante la primera audiencia de seguimiento a la Sentencia No. 050, emitida por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de El Carmen de Bolívar.
El fallo ordena la restitución colectiva de los derechos territoriales étnicos al Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Santo Madero, ubicado entre los municipios de San Jacinto y El Carmen de Bolívar. Puede leer: Restitución de Tierras: campesinos esperan cumplimiento de acuerdos
Durante el encuentro, se entregó un balance detallado sobre el cumplimiento del décimo octavo punto de la sentencia, en el que, en articulación con otras entidades, se promueven estrategias de seguridad y soberanía alimentaria para la comunidad.
“Desde la URT Bolívar hemos iniciado los trámites para implementar líneas productivas alimentarias. Además, en conjunto con el Departamento de Prosperidad Social, se pondrá en marcha el programa ‘Iraca’ como parte de los proyectos productivos”, explicó Rafael Morales, director territorial de la URT en Bolívar y Sucre.
Otro de los avances relevantes fue la aprobación de la solicitud del Ministerio de Vivienda, que permitirá a la URT asumir un rol activo en la postulación para subsidios habitacionales, en cumplimiento del punto 30 del fallo judicial. Lea también: Agencia Nacional de Tierras entrega títulos a 7 alcaldías en Bolívar
Santo Madero: seguimiento al fallo de restitución de tierras
La audiencia se llevó a cabo en la Casa Púrpura, Centro Integral para la Mujer en El Carmen de Bolívar. Allí, cada entidad vinculada al proceso socializó los avances obtenidos. La jueza Diana Rodríguez, a cargo del caso, enfatizó la obligación de cumplir con los compromisos adquiridos y anunció que habrá sanciones para quienes no lo hagan.
“Uno de los compromisos clave es la elaboración de un cronograma claro por parte de cada entidad en coordinación con el Consejo Comunitario, para garantizar el cumplimiento total del fallo”, subrayó la jueza Rodríguez.
El proceso se desarrolló bajo la veeduría de Hermelinda Carmona, procuradora 41, y contó con la participación de múltiples entidades del orden nacional y territorial, entre ellas: los ministerios de Vivienda, Educación e Industria y Comercio; la Agencia Nacional de Tierras; el DPS; el ICBF; la Unidad de Protección de Víctimas; la Gobernación de Bolívar; las alcaldías de San Jacinto y El Carmen de Bolívar; el SENA; y la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique.
También estuvieron presentes representantes del Consejo Comunitario de Santo Madero. Su líder, Amílcar Acosta, reconoció el papel de la URT: “Esperamos que, así como la URT ha sido pionera en el cumplimiento del fallo, mantenga ese ritmo y sirva de guía para las demás instituciones del Estado”, manifestó.
Cada entidad reafirmó su compromiso con el cumplimiento estricto de lo ordenado en la sentencia, como un acto de justicia para las comunidades étnicas de Santo Madero.