A menos de dos meses de que entre en vigencia la nueva obligación de financiar la alimentación de Personas Privadas de la Libertad (PPL) en estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI), las alarmas se han encendido en departamentos y municipios del país.
El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, advirtió ayer que esta medida pone en riesgo la continuidad de poder alimentar a los niños y niñas en los colegios.
Según el Gobierno departamental, esto representaría una carga económica insostenible para las finanzas regionales. Lea también: “Se viene una crisis en la salud en los próximos meses”: Yamil Arana
La advertencia fue hecha durante su intervención en el Congreso Nacional de Municipios, donde cuestionó la decisión que se deriva de un fallo de la Corte Constitucional de 2022 y que fue convertido en ley por el Congreso de la República.
La preocupación de la Gobernación de Bolívar
A partir del 30 de junio de 2025, los entes territoriales tendrán la responsabilidad de alimentar a los privados de la libertad en las URI y estaciones de policía.
“Nos están obligando a escoger entre alimentar a las personas privadas de la libertad o garantizar la alimentación escolar de nuestros niños. Entendemos el componente humanitario del asunto, pero esta no puede ser una competencia de los entes territoriales”, aseguró el mandatario bolivarense.
Según cifras entregadas por la Gobernación de Bolívar, en el departamento hay alrededor de tres mil personas bajo custodia temporal en estaciones y URIs.
“No es justo que la Corte Constitucional —a la que respeto profundamente— siga legislando desde sus fallos. Para eso existe el Congreso. Nos están trasladando responsabilidades sin recursos, imponiendo cargas que no podemos solventar", expresó Arana Padauí.
Y agregó: “Los ingresos de los departamentos son limitados y muchas veces regresivos, por lo que decisiones como esta ponen en riesgo la sostenibilidad de programas sociales fundamentales”.
El costo para asumir la alimentación a los privados de la libertad
El secretario de Seguridad departamental, Manuel Berrio Scaff, reiteró que hoy no tienen los recursos suficientes para asumir esa demanda.
“Escuchen esto: cada plato de comida cuesta $18.000 y, si se multiplican por tres comidas diarias, cada persona privada de la libertad cuesta $54.000 diarios. Si eso lo multiplicamos por 30 días al mes y por 12 meses al año, imagínense cuánto cuesta”, argumentó el funcionario.
Y añadió: “Estaríamos hablando de que esas casi 3.000 personas le costarían al departamento, más de $40.000 millones al año”.
También contó que están realizando algunas gestiones, en articulación con varias entidades.
“Estamos haciendo ahora mismo una citación a todos los alcaldes municipales, a los directores de las diferentes estaciones carcelarias y a los comandantes de Policía, así como a la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y las personerías, para que entre todos busquemos una salida conjunta a esta situación tan compleja en el departamento de Bolívar”, subrayó Berrio Scaff.
Arana Padauí hizo un llamado urgente al Gobierno nacional y al Congreso “para revisar los impactos fiscales de este tipo de medidas en los territorios y evitar que los departamentos y municipios, terminen siendo los únicos responsables de financiar obligaciones que, históricamente, han estado en manos del Gobierno Central”. Le puede interesar: Empezó Congreso de Municipios en Cartagena, Petro participará