La Contraloría General de la República, a través de su delegada para el sector Vivienda y Saneamiento Básico, identificó hallazgos fiscales en varias obras ejecutadas con recursos del Sistema General de Participaciones en diferentes sectores del país.
El ente de control informó que en atención a denuncias ciudadanas reportadas entre 2020 y 2024 se reportaron 13 hallazgos fiscales y 6 con presunta incidencia penal que suman $33.614 millones. Allí se destacan las obras de acueducto y alcantarillado de cuatro municipios de Bolívar: Santa Rosa de Lima, Villanueva, San Estanislao de Kotska y Soplaviento, con un hallazgo de $2.775 millones. Puede leer: Así van los proyectos de acueducto y alcantarillado de Bolívar
Por otro lado, indicaron que auditorías realizadas en 2022, 2023 y 2024, revelaron 109 hallazgos fiscales por $60.965 millones, donde llaman la atención casos en San Andrés y Norte de Santander, con posibles daños patrimoniales por $14 mil millones.
“Las principales causas de los hallazgos incluyen la falta de planeación y estructura adecuada de los proyectos. Se detectaron fallas como la ausencia o insuficiencia de estudios técnicos previos, falta de soporte en la formulación, demoras en la gestión de permisos ambientales y una desconexión entre los estudios contratados y las necesidades reales de las comunidades”, dijo la Contraloría.
Según el ente de control, “estas deficiencias afectaron directamente los resultados y la puesta en funcionamiento de las obras”. Además, evidenciaron el incumplimiento de obligaciones contractuales y la ausencia de manuales de operación.
La Contraloría también advirtió que en la ejecución y supervisión de los proyectos se evidenció una “omisión sistemática en la verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales”, y señaló que en varios casos las obras no cumplían con las especificaciones técnicas pactadas o resultaban inoperativas.
“También se registraron atrasos significativos en la ejecución, con incumplimientos tanto de los plazos legales como contractuales y una débil supervisión sobre los tiempos de entrega”, puntualizaron.
Para el ente de control, estos hallazgos reflejan debilidades estructurales en los procesos de planificación, formulación y ejecución de proyectos, así como en los mecanismos de control interno, interventoría y supervisión. “La falta de buenas prácticas y el uso inadecuado de los recursos públicos afectan la eficacia en la prestación de los servicios”, indicaron.
Ante esto, reiteraron la importancia de garantizar la buena ejecución de los recursos del Estado con el fin de cumplan con su finalidad social.