El pasado 4 de diciembre se realizó en el municipio El Carmen de Bolívar el VI Diálogo Social sobre Seguridad y Paz Territorial de los Montes de María, liderado por la Organización para la Defensa de los Derechos de los Ciudadanos.
En el evento estuvo presente la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas de Bolívar, la Mesa Nacional de Víctimas, delegados de Naciones Unidas, la Armada Nacional, la Policía, la Unidad Policial para la Edificación de la Paz, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz, el Instituto Internacional de Estudios del Caribe (IIEC) de la Universidad de Cartagena, alcaldes de algunos municipios y sus secretarios de gobierno. Le puede interesar: Retumbaron los tambores en honor a las víctimas del conflicto en Montes de María
Así mismo, hicieron presencia 13 de los 15 consejos municipales de paz y miembros de la sociedad civil del consejo de paz departamental.
El diálogo tuvo como objetivo visibilizar la situación de derechos humanos en la región, teniendo en cuenta los retos de seguridad, bienestar e incertidumbre que presenta la zona.
La situación actual
En el encuentro se analizó la grave situación que hoy enfrenta los Montes de María, por cuenta de acciones como el desplazamiento forzado, el reclutamiento juvenil, las violencias basadas en género y los feminicidios.
De igual forma, se alertó del control territorial del Clan del Golfo en varias zonas rurales, la masificación de la extorsión, del microtráfico y las continuas amenazas a líderes y defensores de derechos humanos.
Todo esto aunado a problemas estructurales que persisten en el territorio como el precario acceso a agua, saneamiento básico, salud, educación, ambiente sano y justicia, lo cual afecta la calidad de vida de la población.
Este panorama resaltó la necesidad de mejorar la operatividad de los consejos de paz y cuestionó la voluntad de los mandatarios locales para impulsar acciones en favor de la población.
En este sentido, se exhortó a la Defensoría del Pueblo a actualizar la alerta temprana que había emitido sobre el territorio en el 2022 y se instó a la Fiscalía General de la Nación y demás órganos de control a cumplir con su misionalidad en favor de los ciudadanos.
Así las cosas, desde el IIEC se reiteró la continuidad y agudización de las causas que promueven la violencia en el territorio, que fueron advertidas desde hace varios años en el I Diálogo Social sobre Seguridad y Paz Territorial de los Montes de María, las cuales también incluyen la cooptación del Estado por parte de las estructuras criminales, lo cual refleja una fragilidad institucional en estas poblaciones.
Así mismo, los investigadores evidenciaron fallas en los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana, los cuales omiten factores claves en su diagnóstico y están desarticulados con las políticas, estrategias y objetivos para contrarrestar el control territorial de los grupos criminales.
Por otra parte, advirtieron que estos planes carecen de estrategias y acciones concretas para reducir el nivel de violencia en la región y que no tienen en cuenta a las bandas de carácter local dedicadas a actividades delictivas ni las disputas que se producen por el espacio público u otros factores que afectan la convivencia.
Las acciones propuestas
Frente a esto, desde el IIEC propusieron 6 acciones para dar respuesta a la compleja situación del territorio:
1. Poner en marcha una arreglo institucional para robustecer los espacios de coordinación entre la oferta del Estado y las demandas territoriales.
2. Elaborar un plan de seguridad territorial y de protección de derechos humanos sociales, económicos, ambientales y culturales, sustentado en acciones como la creación de consejos territoriales de seguridad de carácter subregional y la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) con resultados significativos por parte de la fuerza pública para desmantelar las estructuras criminales.
3. Actualización y puesta en marcha de los planes de prevención de riesgos y atención de desastres para atender eventos como inundaciones, remociones en masa, deslizamientos, sequías e incendios forestales que afectan a la población y que se agravan como consecuencia del cambio climático.
4. Llevar a cabo un plan de seguridad alimentaria ante las condiciones de fragilidad presentes en los hogares y combatir las condiciones de desnutrición en una perspectiva de mediano y largo plazo.
5. Fortalecer el acceso de los jóvenes montemarianos a la educación superior, a través de una alianza con el Sena y mayor cobertura de la Universidad de Cartagena.
6. Poner en marcha un programa de emergencia humanitaria de empleo e ingresos que cobije a la población inmersa en la economía informal mediante un programa de obras públicas para los municipios.
Llamado del Ministerio de Público
Ante esto, desde el Ministerio Público hicieron un llamado a agilizar la implementación y actualización del plan de acción para la transformación territorial de los Montes de María, el cual es una herramienta clave para producir los cambios que necesitan los territorios para el cierre de brechas.
Por su parte, desde la Oficina del Alto Comisionado para la Paz ampliaron la información sobre los avances sociojurídicos en los diálogos con los grupos organizados al margen de la ley y destacaron la importancia de este espacio.
“Este diálogo social permite encontrar razones para construir la Paz Total en los territorios. Es un ejemplo para todas las regiones”, destacó el delegado.