Felipe Harman Ortiz, director general de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) denunció públicamente la existencia de ocupaciones indebidas por parte de empresarios, políticos y narcotraficantes en predios que están siendo adquiridos por el Fondo de Reparación de Víctimas (FRV).
Estos predios habían sido entregados por antiguos jefes paramilitares hace cerca de 20 años, sin embargo los últimos hallazgos dan cuenta que los predios siguen en poder de clanes familiares, sin que haya reparación alguna para las víctimas. Lea también: Más de 3 mil campesinos en Bolívar podrían ser víctimas de estafas
“Como resultado de la adquisición de tierras se han encontrado ocupaciones indebidas y contratos de arrendamiento con personas cuestionadas, los cuales se han venido finalizando para entregar las tierras a las familias campesinas”, detalló la ANT.
Estas ocupaciones se evidenciaron en varios departamentos del territorio nacional, incluyendo a Bolívar, donde se conoció un caso en el municipio de Córdoba que involucra a la familia Méndez, reconocida como grupo paramilitar en la zona antes de la llegada de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
“El predio Los Pájaros, de 112 hectáreas, perteneció a José Manuel Méndez Romero, antes de ser de Diego Vecino y pasar al inventario de bienes para la reparación en el proceso de Justicia y Paz. En el acta de entrega a la Fiscalía de julio de 2019, se indica que herederos de los Méndez sirvieron de guía para la diligencia y que los predios les serían entregados en comodato mientras se surten los trámites para la formalización de un contrato de arrendamiento”, indicó la ANT.
De esta manera, según reportaron fuentes a la ANT, el predio sigue bajo control de esta familia.
Lo que se hará
Desde la ANT indicaron que junto a exjefes paramilitares que fueron nombrados recientemente como ‘gestores de paz’ identificarán y recuperarán alrededor de 100 mil hectáreas para que las tierras lleguen a manos de las víctimas.
Así mismo, instalarán una mesa de trabajo con la Fiscalía General de la Nación para avanzar en la identificación de los predios a nivel nacional y adelantar posibles investigaciones penales sobre el manejo de los bienes.
Otros casos similares han sido identificados en los municipios de Buenavista (Córdoba), Chimichagüa (Cesar), Caucasia (Antioquia), Tarazá (Antioquia), Cáceres (Antioquia) y Puerto López (Meta).