La concesión Autopistas del Caribe, encargada del proyecto del Corredor de Carga Cartagena-Barranquilla, anunció que a partir del próximo domingo 22 de septiembre se implementaría el cobro de una tarifa diferencial en el peaje de Turbaco para las categorías I y II (automóviles, camperos, camionetas, microbuses, buses y busetas).
Las tarifas, de $1.500 y $2.000 respectivamente para cada categoría, buscan garantizar el mantenimiento de los 253 kilómetros de vías existentes y financiar las nuevas obras prometidas en el proyecto.
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Sin embargo, el anuncio ha sido rechazado por diferentes sectores, que aseguran no estar dispuestos a pagar. Uno de ellos es el Frente Nacional contra el Abuso de los Peajes, que insistió en que las casetas de Turbaco deben ser desmontadas.
“No vamos a permitir que sigan engañando a la gente con esta tarifa diferencial. Quieren legitimar el contrato a toda costa y aún no ha podido llegar a su cierre financiero. Si llegan a cobrar nos iremos a las calles, a las vías de hecho”, manifestó Ángel Barreto, vocero del comité.
Desde la colectividad aseguran que para garantizar el mantenimiento de la vía hay otros mecanismos, como el impuesto de rodamiento, la contribución de valorización, la contraprestación portuaria, entre otros. “No vamos a aceptar la tarifa diferencial de ninguna forma”, reiteraron.
Transportadores anunciaron paro
La Asociación de Transporte Público Intermunicipal de Pasajeros de Bolívar (Asotrapibol) también manifestó su rechazo al cobro.
“Vemos con desacierto por parte de las autoridades la imposición del cobro en la caseta del peaje de Turbaco, sin antes agotar las negociaciones y el respeto a las mesas de trabajo que venimos realizando, por tal razón, después de reunirnos nos declaramos en desobediencia civil al cobro en las casetas de Turbaco y Gambote si se realiza cobro alguno en Turbaco”, manifestaron.
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Según Asotrapibol, el cobro del peaje agrava la carga económica sobre el sector, que ya está asumiendo un alza de $400 en el galón del ACPM, el cual fue decretado por el Gobierno Nacional el pasado 1 de septiembre.
“De ser perseguidos por las autoridades nos vamos a protesta pacífica y a paro como en ocasiones anteriores, suspendiendo el servicio a los 100 mil pasajeros que se movilizan diariamente”, indicaron.
Cabe anotar que de esta asociación hacen parte transportadores de Turbaco, Arjona, Turbana, Marialabaja, Mahates, San Juan Nepomuceno, Calamar, El Carmen de Bolívar, Palenque, San Jacinto, Arroyohondo, entre otros.
La situación de Autopistas del Caribe
Hoy, la concesión Autopistas del Caribe atraviesa dificultades financieras debido a la imposibilidad de implementar su estructura tarifaria, la cual consistía en el recaudo en seis peajes existentes (Gambote, Pasacaballos, Turbaco, Bayunca, Galapa y Sabanagrande) y uno nuevo ubicado en Arroyo de Piedra.
Esta última caseta no ha sido construida debido al rechazo de la comunidad y en Turbaco el cobro ha estado suspendido por casi tres años, lo que ha afectado los recursos para ejecutar el proyecto.
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Por este motivo, insisten en que es necesario reactivar el cobro mediante la tarifa diferencial. “Esta es una tarifa muy cómoda para usuarios recurrentes. Con esto no solo gana la región Caribe sino el país entero, pues se estaría salvando un proyecto de gran importancia para todos”, indicó Ernesto Carvajal, gerente general de Autopistas del Caribe.
Este proyecto incluye la construcción de dobles calzadas, variantes e intersecciones a nivel y desnivel, por un valor aproximado de $4,3 billones. Aún así, Carvajal aseguró que por el impacto que ha tenido el recaudo, no se podrán construir las nueve unidades funcionales o tramos inicialmente planteados.
“Lo primero es restablecer el cobro en las categorías I y II a fin de revisar nuevamente el alcance del proyecto y mirar, según el modelo financiero, qué tanta inversión en obras nuevas se puede hacer. Podríamos estar construyendo entre cuatro o cinco unidades funcionales debido al impacto que se ha tenido en los últimos tres años por la suspensión del cobro de la tarifa en el peaje de Turbaco”, indicó Carvajal.
Sobre esto, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) ha manifestado que analiza todos los argumentos técnicos, jurídicos y financieros para adoptar una decisión definitiva con respecto a la continuidad del proyecto, en caso que las comunidades sigan desplegando acciones que comprometan el orden público.