La presencia de grupos armados en el sur de Bolívar sigue afectando a la población civil. Según la Defensoría del Pueblo, en el primer semestre del año se reportaron dos eventos de desplazamiento forzado masivo y cinco confinamientos en el territorio.
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Los desplazamientos registrados por la entidad se ubican en zonas rurales de los municipios de Santa Rosa del Sur y Montecristo, donde un total de 184 personas resultaron afectadas.
Por otro lado, se reportaron confinamientos en Norosí, Margarita y Montecristo, con 1.330 víctimas.
Este panorama da cuenta de una delicada situación de orden público que ya ha sido advertida en varias ocasiones por la Defensoría del Pueblo a través de alertas tempranas. En ellas se advierte de la presencia de grupos al margen de la ley que se disputan el control territorial, el manejo de las economías ilícitas y las rentas criminales derivadas de la extorsión.
Por estos motivos se desarrollan enfrentamientos armados que dejan a la población civil en situación de vulnerabilidad y las obliga al confinamiento o al desplazamiento forzado.
¿Qué hacen las autoridades?
Frente a esta situación, Manuel Berrío Scaff, secretario de Seguridad de Bolívar, manifestó que desde la Gobernación se han desarrollado diferentes acciones con el fin de salvaguardar la integridad de los habitantes de esta zona del departamento.
“Para el gobernador Yamil Arana la seguridad del sur de Bolívar siempre será una prioridad. La instrucción que nos dio a todos los funcionarios fue clara: presencia institucional en cada rincón del departamento. Menos escritorio y más territorio”, dijo.
En este sentido, afirmó que en estos seis meses el gobernador ha hecho presencia en consejos de seguridad, reuniones de seguimiento a alertas tempranas y comités de justicia transicional que se han llevado a cabo en el sur de Bolívar. Así mismo, dijo que se han fortalecido las capacidades de defensa.
“Gracias a las gestiones del gobernador y en colaboración con el Ejército Nacional, hoy contamos con 10 nuevos pelotones de soldados profesionales que llegaron a reforzar la seguridad en el sur. Además se han adquirido nuevas armas y equipos tácticos, como el Obús M114 de 155 mm, una pieza de artillería con un alcance de 42 kilómetros y puntería computarizada”, indicó.
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De igual forma, resaltó que la vía a los municipios de Santa Rosa del Sur, Simití, San Pablo y Cantagallo se encuentra custodiada con vehículos blindados y artillados tipo ASV para fortalecer la lucha contra las organizaciones criminales.
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“Podemos dar un parte de tranquilidad porque desde la Gobernación de Bolívar estamos atendiendo la seguridad en todo el departamento para garantizar la protección de la vida, bienes y honra de todos los habitantes de nuestro territorio”, puntualizó.
A pesar de esto, Berrío insistió en que la lucha que libran las organizaciones criminales por el control territorial sobrepasa las capacidades institucionales de la Gobernación, por lo cual reiteró que se necesita del apoyo del Gobierno nacional y de las fuerzas policiales y militares.
“Desde enero, la Gobernación ha atendido con ayudas humanitarias a cerca de 1.400 familias del sur de Bolívar que, debido a estos episodios desafortunados de enfrentamientos entre grupos armados, tuvieron desplazamientos o confinamientos. Seguiremos haciendo presencia en el territorio para poder brindar la asistencia que nuestras poblaciones requieran”, concluyó.
A nivel nacional
A nivel nacional, la Defensoría del Pueblo indicó que entre enero y mayo de 2024 se registraron 41 eventos de desplazamiento forzado masivo que afectaron a 13.588 personas y 33 confinamientos que pusieron en riesgo a 20.603 individuos.
Las alertas están principalmente en los departamentos de Nariño, Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Chocó, Caquetá y Bolívar.
Por este motivo, la Defensoría del Pueblo insistió en que sea expedido un acto administrativo que establezca una ruta de atención a las víctimas de confinamiento y pidió agilizar los tiempos de asistencia a las personas desplazadas.
Así mismo, reiteró a las autoridades la necesidad de desarrollar acciones de prevención y protección que mitiguen el riesgo de las comunidades.