Este 3 de mayo la Mesa de Diálogos entre el Gobierno y el ELN visitó el sur de Bolívar con el fin de escuchar a las comunidades que desde hace tiempo vienen sufriendo por el incremento de la violencia.
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El encuentro se realizó en el municipio de Santa Rosa del Sur, donde el pasado 21 de abril fue asesinado el líder social y ambiental Narciso Beleño, quien era el presidente de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar. La Mesa rechazó este asesinato y dijo que este hecho busca frustrar el proceso de paz.
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En la visita, las comunidades denunciaron la presencia y el avance de estructuras paramilitares como el Clan del Golfo, que amenazan a los pobladores y a las organizaciones sociales del territorio. Indicaron que hay una lucha armada por el control de la Serranía San Lucas, teniendo en cuenta que este es un punto estratégico para crear un corredor transfronterizo entre Panamá y Venezuela. Según las denuncias, estas estructuras armadas ilegales ya controlan el 85% de este territorio.
Por otra parte, líderes sociales expresaron su preocupación con relación al fracking y la degradación ambiental, la cual se ha incrementado con la entrada intensiva de maquinaria amarilla para la extracción de oro y el sostenimiento de la minería informal.
Toda esta situación, de acuerdo a lo denunciado por las comunidades, ha provocado desplazamientos en la zona. Por este motivo, hicieron propuestas para que se brinden garantías de seguridad. Entre ellas figura el relevo de la tropa de la Fuerza de Tarea Marte, la cual hace presencia en el territorio.
Frente a esto, la Mesa de Diálogos reconoció la lucha de las comunidades por alcanzar la paz y se comprometió a elevar sus denuncias y requerimientos de ante las más altas instancias del Estado.
Así mismo, reafirmaron la necesidad de realizar un Encuentro Regional del Magdalena Medio con el Comité Nacional de Participación y se comprometieron a desarrollar el Acuerdo No. 20 sobre Acciones y Dinámicas Humanitarias en las Zonas Críticas de manera concertada con las comunidades.
Los pobladores pidieron el acompañamiento de los países garantes, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Conferencia Episcopal de Colombia en este proceso, teniendo en cuenta que también participaron en la reunión.