Los combates entre grupos al margen de la ley y su expansión en el sur de Bolívar, han dejado una estela de sangre y temor en la población de esta zona del departamento, que por la ola de violencia ha tenido desplazarse y abandonar sus viviendas.
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Aunque esta situación no es nueva, parece haberse agudizado en los últimos días, más el 21 de abril con el asesinato del líder social Narciso Beleño, en Santa Rosa del Sur.
Beleño era el presidente de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar y su muerte causó indignación a nivel nacional. Incluso, el mismo presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció al respecto. “Le hemos fallado a Narciso Beleño. Tenía y tiene razón. No habrá paz mientras haya exclusión”, escribió el mandatario en sus redes sociales.
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Aun así, las comunidades de la zona reclaman la falta de acciones de parte del Gobierno, que en su concepto no ha tomado decisiones que ayuden a garantizar su bienestar.
El último consejo de seguridad que se hizo con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, fue el 14 de febrero. En el encuentro se definieron algunas estrategias para contrarrestar el avance de los grupos armados, sin embargo según las comunidades esto no ha sido suficiente.
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Frente a esto lo que piden es que la Fuerza de Tarea Conjunta Marte, que hace presencia en la zona, sea relevada en su totalidad. Así mismo, quieren que se conforme una misión de alto nivel que le haga seguimiento a lo que ocurre en la subregión, la cual lleva años sufriendo por culpa de la violencia y la inacción de las autoridades.
Un problema de antaño
Aunque en los últimos días ha tomado más protagonismo la situación del sur de Bolívar, lo cierto es que esta población lleva años conviviendo con la violencia. Un informe realizado en 2023 por el Instituto Internacional de Estudios del Caribe de la Universidad de Cartagena y la Pastoral Social de la Diócesis de Magangué, muestra el panorama más a detalle.
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El estudio resalta que este ciclo de violencia comenzó tras la firma de los Acuerdos de Paz del 2016, que incluyeron la desmovilización del Bloque Magdalena Medio de las FARC. Su retiro provocó una disputa entre el ELN y el Clan del Golfo por el control territorial, por lo que aumentaron los enfrentamientos armados. La situación se empeora cuando en 2022 se suma a este conflicto el Estado Mayor Central (EMC).
De acuerdo con el estudio, el reposicionamiento de los grupos armados en el sur de Bolívar obedece a la limitada capacidad de la fuerza pública para controlar el territorio, las fallas en las políticas de seguridad y los retrasos en la implementación del Acuerdo de Paz.
Los homicidios
El mismo informe reseña que entre 2018 y 2023 se han registrado 553 asesinatos en las subregiones del Magdalena Medio, el Brazo de Mompox y Las Lobas. Los datos comprueban que la cifra ha ido aumentando con los años, pues el más violento hasta ahora ha sido el 2023, con 158 casos. Los municipios con más homicidios son Magangué (120), Santa Rosa del Sur (71) y San Pablo (68).
Del total de homicidios sobresalen 33 contra líderes sociales, la mayoría integrantes de Juntas de Acción Comunal u organizaciones defensoras de derechos humanos. San Pablo y Cantagallo son los municipios con más líderes asesinados, con 7 cada uno.
Así mismo, se referenciaron 16 casos de violencia política, que incluyen atentados, amenazas y homicidios contra funcionarios municipales y aspirantes a cargos de elección popular.
Así actúan
El informe muestra que estos grupos armados reclutan niños, niñas y adolescentes para fortalecer su incidencia en el territorio. Los utilizan para el cobro de extorsiones, el microtráfico y el sicariato.
“El ELN, el Clan del Golfo y el EMC efectúan el reclutamiento voluntario o forzado de jóvenes ubicados en las escuelas rurales en la Serranía de San Lucas, a través de campañas mediáticas ofreciendo entre $1.000.000 y $1.500.000 mensuales”, dice el estudio. Esta es una de las principales razones de la deserción escolar en la zona rural.
También se ve la explotación y comercialización sexual de las niñas, incluyendo a las que son migrantes venezolanas. “Es muy preocupante el fenómeno del alquiler de menores a partir de los 10 años de edad tanto en el casco urbano como en las zonas mineras rurales, poniendo en riesgo la integridad, los derechos y la posibilidad de construir libremente un plan de vida”, expone el informe.
Por último, están las economías ilegales que se han ido afianzando en el territorio mediante el narcotráfico, la minería ilegal, el lavado de activos y el contrabando.
“La explotación minera ilegal, en su dinámica, tiene alianzas con los grupos armados y dueños de fincas para la explotación y extracción del oro de manera artesanal, lo cual incluye el vertimiento intencional de mercurio o el derrame de las albercas de cianuración en los cuerpos de agua, generando altos costos ambientales para la población”, puntualiza el estudio.
La ausencia del Estado
Como un factor determinante en el incremento de la violencia en el sur de Bolívar también está la ausencia del Estado colombiano, a tal punto que en algunas veredas son los grupos armados los que imponen sus propias reglas y sanciones. Es por eso que la investigación concluye que la situación que se vive en esta zona es el resultado de un “estado territorial fallido”.
“El sur de Bolívar es la expresión fehaciente del fracaso de las políticas gubernamentales en cuanto a garantizar la protección de los derechos humanos, la seguridad ciudadana y un mínimo de bienestar y calidad de vida”, señala.
Es por esto que para hacerle frente a la violencia se pide la intervención integral del Gobierno nacional, de tal manera que se pueda saldar la deuda que históricamente se ha tenido con esta población.