Desesperados. Así se encuentra un grupo de empleados de la Alcaldía de Maríalabaja, pues según ellos, les adeudan hasta tres meses de salario. Lea: Los robos millonarios que tienen preocupados a habitantes de Marialabaja
La queja de los afectados fue interpuesta ante la Procuraduría General de la Nación (PGN), pues según ellos, “ha sido tanta la desidia de la administración municipal que tampoco les han pagado las prestaciones sociales ni la seguridad social”. También le puede interesar: Protesta en Marialabaja por obras en uno de los principales colegios
“La Alcaldía nos está afectando nuestros derechos fundamentales”, dijo uno de los afectados. No obstante, en respuesta a ese llamado, la PGN emitió el oficio número 4843 dentro del radicado IUS-2023-478003 con el fin de que la administración respondiera por las prestaciones sociales de los trabajadores.
Los denunciantes indican que la situación que están atravesando actualmente es tan crítica que ha afectado a sus núcleos familiares. A muchos les ha tocado recurrir a los prestamos de gota a gota para poder suplir sus necesidades básicas.
“Cuando vamos a consultar a la oficina de la alcaldesa Raquel Victoria, lo que recibimos como respuesta son malos tratos y presiones... Se ha dejado de pagar el salario porque discrepé con la línea política de la administración”, contó un excontratista, quien aseguró que así como él hay varios compañeros y funcionarios.
El requerimiento
Tras esta situación el Ministerio Público emitió un requerimiento preventivo donde le solicita a la Alcaldía informar si se encuentra al día con el pago de las obligaciones laborales de los funcionarios. De acuerdo con el oficio, se debe discriminar el cumplimiento de estas obligaciones por los siguientes concepto: salarios, prestaciones sociales y seguridad social.
“En caso de no estar al día con estas obligaciones, debe informar las acciones a seguir para cancelar estas obligaciones con los funcionarios públicos y entidades de empresas prestadora de salud, aporte al fondo de pensiones y caja de compensación familiar”, se lee en el documento firmado por Jorge Luis Salgado de la Procuraduría Provincial de Cartagena.