El 28 de junio del 2022 la Comisión de la Verdad entregó al país su informe final, el cual fue el resultado de una investigación en la que se recogieron las voces de alrededor de 30 mil personas de diferentes sectores con el fin de contribuir al esclarecimiento de lo que ocurrió durante el conflicto armado.
Además, como producto del proceso de escucha y participación que convocó la Comisión de la Verdad se entregaron una serie de recomendaciones para la no repetición del conflicto, las cuales comprenden diferentes acciones que de ser implementadas contribuirían a la búsqueda de la paz en Colombia.
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Las recomendaciones abordan temas neurálgicos para el país tales como la construcción de paz como proyecto nacional; la reparación de las víctimas; la democracia incluyente; el cambio en la política de drogas; la superación de la impunidad; la seguridad; la paz territorial; y la cultura para la paz a través de la educación.
Para velar por el cumplimiento de estas recomendaciones fue creado un Comité de Seguimiento y Monitoreo el cual tendrá una duración de siete años, es decir desde el 2022 hasta el 2029. Este comité lo conforman siete personas, dentro de las que se encuentra Julia Eva Cogollo, quien es hoy es la responsable de Género y Derechos Humanos del Movimiento por la Paz.
Cogollo habló con El Universal sobre lo que ha sido este primer año desde la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad, los retos para el futuro y el panorama en los Montes de María.
Entre avances y rezagos
Sin duda el mayor revés que hasta el momento han tenido las recomendaciones de la Comisión de la Verdad es la no aprobación por parte del Congreso de la República del artículo en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) que acogía las sugerencias realizadas por el informe final.
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A pesar de esto, Cogollo resalta que muchas de las recomendaciones tuvieron lugar en otros espacios del PND y además hacen parte de la agenda legislativa del Congreso. “Un gran ejemplo de esto es el proyecto que se presentó y se aprobó para reconocer al campesinado como actor político en el territorio”, comenta.
Para ella esto es un gran avance para comenzar a implementar las recomendaciones que representan cambios estructurales en las políticas del país y para las que deben darse reformas que deben pasar por el Legislativo. A pesar de esto, indicó que en el camino se han encontrado dificultades tales como vacíos jurídicos que no han permitido el avance de estos temas y la prevalencia de intereses particulares de carácter político y económico que se oponen a la implementación de las recomendaciones.
Los Montes de María
Para Julia Eva Cogollo la implementación efectiva de estas sugerencias puede ser más difícil en algunas regiones que en otras dado que el conflicto no ha sido igual en todos los territorios.
“Las recomendaciones asociadas a la no repetición, que son la mayoría, en los lugares que siguen en conflicto de entrada no se pueden cumplir. También es complejo en los territorios donde la hegemonía política y los intereses económicos son más marcados, sin embargo las recomendaciones son de largo plazo”, indicó.
A pesar de esto, en cuanto a los Montes de María, afirmó que sigue creyendo en que la construcción de una agenda de paz sí es posible.
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“Yo creo que Montes de María tiene la posibilidad de cumplir algunas de las recomendaciones porque tiene un movimiento social muy potente, plataformas muy fuertes que le apuestan a la paz a pesar de toda la guerra que se ha vivido y de lo que se está viviendo actualmente. La gente sigue pensando en que es posible construir la paz”, dice.
De hecho, en Montes de María existe un comité de seguimiento a las recomendaciones integrado por 14 organizaciones sociales. “Esto nos da una esperanza. Creemos en la posibilidad de poder construir una agenda de paz en el territorio, centrada en la no repetición y en que los actores armados que están, que son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia – Clan del Golfo puedan ajustarse también a los procesos de paz que convoca el Gobierno”, manifiesta.
Lo que viene
Para Julia Eva Cogollo, los principales desafíos que existen hoy para garantizar el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad son, primero, que los alcaldes y gobernadores que lleguen a los territorios en el próximo año se comprometan en sus Planes de Desarrollo con estas acciones; y segundo, seguir socializando el informe con todos los sectores.
“El gran reto que tenemos en la región es justamente lograr que en los programas de gobierno de los candidatos a las alcaldías municipales y gobernaciones se incluyan las recomendaciones y posteriormente en los Planes de Desarrollo, ese es un desafío importante”, indica.
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En cuanto a la socialización indicó que es clave que las personas puedan apropiarse del contenido del informe final.
“Hay gente que aún no conoce que el informe que tiene un capítulo que tiene que ver con el Caribe y es absolutamente necesario que lo sepan. La gran tarea que nos queda es poder socializar este informe y las recomendaciones para que las personas entiendan que son suyas, que son una garantía para la no repetición y una posibilidad de reparar integralmente a las víctimas”, dice.
De esta manera, indica que el informe además de mostrar la crudeza de lo que fue el conflicto armado también muestra una oportunidad para seguir adelante y eso es lo que se debe fortalecer desde cada una de las regiones.
El Comité de Seguimiento y Monitoreo
El Comité de Seguimiento y Monitoreo de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad está conformado por:
- Julia Eva Cogollo, responsable de Género y Derechos Humanos del Movimiento por la Paz.
- Armando Wouriyu Valbuena, secretario de la Instancia Especial del Alto Nivel de los Pueblos Étnicos.
- Dorys Ardila Muñoz, exiliada y miembro del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia.
- Esther Marina Gallego, coordinadora de la Ruta Pacífica de las Mujeres.
- Marco Romero Silva, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES).
- Wilson De Jesús Castañeda, director de Caribe Afirmativo.
- Angelika Rettberg, politóloga y profesora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes.