Tras casi dos semanas de haber sido desplazados de sus sitios de origen por cuenta de la violencia, desde el pasado 12 de agosto las familias de las zonas rurales de municipios como Santa Rosa del Sur, Morales y Montecristo, iniciaron el retorno a sus territorios, al no encontrar garantías de seguridad y atención en la cabecera municipal de Santa Rosa. Así lo indicaron las comunidades.
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“La gente se desplazó por el temor de las amenazas y las muertes que ya han sucedido dentro de la población, pero al llegar al casco urbano no tuvieron la atención necesaria y por eso se devolvieron a sus sitios de origen”.
Según los pobladores, no existieron garantías logísticas ni de atención humanitaria para los desplazados.
“Tenemos que denunciar que la atención recibida es muy deficiente y ni siquiera se acerca a lo que debe ser una atención digna para personas en condiciones de emergencia humanitaria. Los mercados que se han entregado para la alimentación son insuficientes en cantidad, calidad y no cumplen con criterios nutricionales, se reducen a elementos básicos como arroz, lentejas, aceite, café y azúcar, y no incluyen por ejemplo verduras ni proteína animal, que para la cultura de la población que se encuentra desplazada es fundamental”, habían expresado la semana pasada, y reiteraron: “La gente retornó a sus sitios de origen con todos los riesgos con los que salió”.
Sobre la situación de orden público también aseguraron que “no se ha hecho nada para que mínimamente se pueda pensar que hay una seguridad o una posibilidad de que la gente no siga siendo asesinada, amenazada o desplazada”.
Lo que piden
Desde la región lo que piden las comunidades es que se construya un refugio humanitario que sea acompañado por autoridades no militares sino civiles como la Defensoría del Pueblo o la Cruz Roja, para que “eventualmente la gente que estuviera amenazada con riesgo de perder la vida, se pudiera refugiar allí mientras se le traslada o se le da seguridad”.
“También pedimos que las Fuerzas Militares no sean reforzadas porque eso no ha dado ningún resultado. No estamos pidiendo que no haya presencia militar, solo que aumentarla agranda el conflicto en el sector, ellas llevan acá 10 años y en ese tiempo en vez de bajar la problemática lo que han hecho es subirla”.
Por último, piden la presencia de una comisión política encargada de hablar con los actores del conflicto para que deje por fuera a la sociedad civil.
“Nosotros no tenemos que ver con su disputa porque somos civiles y no un grupo armado que tenga que vincularse a eso. La comisión debe conversar con nosotros para darnos las garantías de voluntariedad para retornar que nunca se nos han dado, porque se retornó bajo todas las circunstancias que pueden pasar porque no hubo esa posibilidad”.
De acuerdo con la comunidad, en la región siempre han convivido con la amenaza del despojo, la desaparición y el asesinato, pero en el último año la violencia se ha incrementado y ha aparecido un nuevo ingrediente que es la pelea entre dos guerrillas por el poder y la intención de grupos paramilitares de ingresar.
“No son solamente las dos guerrillas sino los grupos paramilitares que quieren ingresar al territorio y participar de la zozobra, el despojo, la desaparición y el asesinato de pobladores”.
Habla la Gobernación
José Ardila, director de seguridad de Bolívar, manifestó que el martes 17 agosto se realizará un consejo en el cual estará un comité de justicia transicional, los alcaldes, la Secretaría de Víctimas Departamental y la Fuerza Pública.
“Esperamos que nos den un informe del concepto de seguridad para la estadía de estas personas en sus territorios porque ellos se devolvieron bajo su voluntariedad. A ellos se les pidió que no retornaran hasta que tuviéramos ese concepto, que va amarrado a que las tropas entren al sector, se aseguren unos puntos críticos, nos digan cuáles son las zonas donde hay temor e incidencia de los grupos armados”, expresó Ardila.
El funcionario dijo que “en estos momentos las únicas instituciones que hacen presencia permanente en el sur de Bolívar son las de la Fuerza Pública, con el Ejército que está maniobrando, metiendo tropas en los territorios y asegurando sectores”, pero que se necesita más colaboración e inversión por parte del Gobierno nacional.
“Desafortunadamente en estos territorios lo único que muchas veces ve la gente es la bota militar, y los problemas del sur no son solamente de Fuerza Pública sino de una cantidad de necesidades insatisfechas, por eso le estamos pidiendo al Gobierno central que nos ayude y nos apoye para darles solución a estas personas”.
Ardila agregó que en estos momentos hay una fuerza de tarea en la región que tiene a diez pelotones conformados por más de 400 hombres que están entrando al territorio.
No se ha hecho nada para poder pensar que hay una seguridad o una posibilidad de que la gente no siga siendo asesinada, amenazada o desplazada”.