Tras ser declarada la emergencia sanitaria nacional por el COVID-19, el pasado 21 de marzo, la Alcaldía de Magangué habría suscrito un convenio interadministrativo con la Gobernación de Bolívar para suministrar kits de alimentos a las familias vulnerables de ese municipio.
Para conocer quienes fueron las personas beneficiadas por el convenio y la proveniencia de los productos, el habitante de ese municipio, Eris Sierra Merlano, requirió el 18 de junio a la Alcaldía de Magangué, a través de un derecho de petición, que se le indicara el número de beneficiarios y kits entregados, así como el registro Invima y factura de compra de los mercados entregados.
Sin embargo, según el peticionario ya pasó el tiempo correspondiente para que la Alcaldía respondiera su solicitud, pero no lo ha hecho.
Por ello, presentó una tutela alegado que le fue violado el derecho de petición, y esta fue aceptada el 14 de julio por el juzgado segundo promiscuo municipal de Magangué, que le dio además dos días a la Alcaldía para rendir un informe sobre los hechos cuestionados por Sierra.
De acuerdo, con Sierra Merlano, su derecho de petición estuvo fundamentado en que a la fecha en el municipio desconocen cual fue el número de bonos y kits entregado y a quienes, además argumenta que algunos de los productos entregados habrían sido reempacados.