La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) reveló el informe sobre cultivos ilícitos en Colombia durante el 2018. En este se destaca que se pasó de 171.000 hectáreas en 2017 a 169.000 en 2018. Es decir, hubo una reducción del 1,2% del número de hectáreas (ha) cultivadas en el país, lo que equivale a 2.000 menos.
El informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) presentado por el Unodc, destaca que “luego de cuatro años consecutivos de incremento del área sembrada con cultivos de coca, Colombia logró detener la tendencia en 2018. Sin embargo, los cultivos permanecen en la parte más alta de la serie histórica (169.000 ha). La estabilización entre 2017 y 2018 (reducción del 1,2 %) representa una oportunidad para revertir las tendencias”.
Aunque en el análisis geográfico del informe se específica que nueve departamentos mostraron cambio hacia la reducción, entre los cuales se destacan Nariño, Putumayo, Meta, Chocó y Amazonas, donde se logró disminuir los cultivos en más de 11.000 ha. Por otro lado, se comprobó que hubo un incremento de 9.000 ha de cultivos de coca en los departamentos de Norte de Santander, Bolívar y Cauca.
Para el caso de Bolívar, la Unodc asegura que el aumento fue significativo, pues se pasó de 6.179 ha en diciembre de 2017, a 8.614 ha en diciembre de 2018, lo cual implica un crecimiento del 39% (2.400 hectáreas de cultivos ilícitos más) en un año.
Además del crecimiento de hectáreas, la Unodc puntualiza que es preocupante que en el departamento las cifras de operaciones de intervención a infraestructuras han permanecido casi constantes, con disminución en las incautaciones de base y clorhidrato de cocaína.
“Es de destacar que este departamento presenta una relación contraria a la evidenciada en el resto del país, en cuanto a la presencia de cultivos ilícitos y las operaciones de afectación; mientras en las demás regiones aumentan los cultivos ilícitos (mayor disponibilidad de la droga) y también aumentan los resultados de las intervenciones, en Bolívar han aumentado los cultivos sin un incremento en los reportes de incautaciones o desmantelamientos de infraestructuras”, explica el documento.
En cuanto a los municipios donde más se concentran los cultivos ilícitos por kilómetros cuadrados, en el país son: El Tambo Argelia (Cauca); El Charco- cuenca alta del río Telembí (Nariño); Anchicayá (Valle del Cauca); Tarazá - Valdivia (Antioquia); y San Pablo (Bolívar). En estos la coca tiene una concentración superior a las 10 ha por kilómetro cuadrado.
A nivel departamental, el tamaño de los lotes de coca aumentó significativamente para Bolívar. Fue del 22%.
El informe revela, además, que sin la presencia de las Farc-EP, grupos delincuenciales organizados han aprovechado su ausencia. El Eln, el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc-EP son las tres organizaciones ilegales de mayor relevancia. Estas tienen como principal fuente de financiación el narcotráfico, por lo cual “impulsan a los productores campesinos a incursionar en esta práctica, a pesar de la puesta en marcha de los programas dispuestos en los Acuerdos de Paz”.
Las operaciones de este grupo se mantienen en el Cauca y el sur de Bolívar.
Para 2018 se corroboró la probabilidad de que una persona en el marco del conflicto sea asesinada en un municipio con coca durante el mismo. En el caso de Bolívar, los municipios de Cantagallo, San Pablo, Simití, Santa Rosa del Sur y Montecristo se presentaron entre 1-20 homicidios en el marco del conflicto armado, entre 2016 y 2018. En estos existe un grado de afectación por coca alta, es decir, con concentraciones de más de mil hectáreas cultivadas entre el mismo período.
Por su parte, el municipio de Morales, Arenal del sur y Río Viejo también están en la categoría que registra entre 1-20 homicidios en el marco del conflicto armado, entre 2016 y 2018. Sin embargo, el grado de afectación de cultivos de coca varía entre media (100-1.000 ha cultivadas) y baja (1-100 ha).
La producción potencial de cocaína centrada en poco territorio implica una fuerte interacción entre los actores involucrados, no solo en la siembra/ cosecha, sino también en la extracción, la transformación y el tráfico de cocaína.
Los ingresos para el cultivador, derivados de la venta de hoja o su transformación en pasta o base, siguen siendo bajos ($859.200 mensual para hoja, $399.300 mensual para pasta básica de cocaína, y $394.000 mensual para base por la cosechada); sin embargo, el volumen de dinero asociado a la actividad ilícita que circula en la región es suficiente para concentrar el poder económico en los traficantes.
Se estima que la producción potencial de clorhidrato de cocaína tendría un valor de COP $5,3 billones en complejo de producción; de esto, el 50% se queda en las fincas, que corresponde al pago de la hoja, de la pasta básica de cocaína y de la base de cocaína que allí se produce.
Si se tiene en cuenta que el precio de 1 kg del clorhidrato de cocaína puesto en puerto de salida en Colombia es de COP $12.650.000 a 2018, y asumiendo que todo el potencial de producción se exporta, su valor se calcula en COP $16,5 billones; se estima que el 68% se queda en la ruta entre las zonas de producción y el puerto de salida.