A través del auto 320 del 26 de junio, el juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Cartagena admitió la demanda, en ejercicio de acción popular, presentada por la Junta de Acción Comunal (JAC) de la urbanización Horizonte y la sociedad Juanautos El Cerro S.A., en contra del municipio de Turbaco y el Distrito de Cartagena por el posible traslado de la cárcel de mujeres de San Diego a zona de conurbación.
Dicha demanda fue presentada el siete de junio por los señores Álvaro Payares y Antonio Yidios, con el objetivo de proteger los derechos e intereses colectivos relacionados con “la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, la seguridad y salubridad publica, la defensa del patrimonio público y la moralidad administrativa”.
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Además, el despacho judicial vinculó al proceso a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y al Ministerio de Justicia, dada su condición de posibles responsables de la vulneración o amenaza de derechos colectivos alegada en la demanda.
Tras la decisión, el juzgado otorgó diez días para trasladar la demanda a las entidades demandadas y vinculados, y vencido el termino del traslado las entidades tendrán un plazo de 30 días para responder.
Adicional a la protección de los derechos colectivos, la JAC y Juanautos El Cerro solicitaron el decreto de las siguientes medidas cautelares: suspensión de la resolución mediante la cual se concede la licencia de construcción de cerramiento y obra nueva de la cuarta planta de una edificación en el predio ubicado en el sector Llave de Oro, lugar donde se pretende trasladar la cárcel de mujeres, y la suspensión del traslado de la cárcel.
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Ante esta petición, el juzgado dispuso que se envíe la solicitud a las entidades demandadas y vinculadas a fin de que se pronuncien sobre esta en el termino de cinco días siguientes a la notificación de la decisión.
Es de resaltar que la demanda presentada se suma a las reiteradas quejas expresadas por la comunidad y empresarios de la zona de conurbación, pese a que el lugar cuenta con el aval del Inpec y la Uspec. La comunidad dice que no cumple con las condiciones mínimas de un centro de reclusión.
Sostienen que la edificación fue “construida pegada ilegalmente al predio vecino, sin los retiros mínimos ordenados por la ley para garantizar acceso de organismos de emergencias en caso de desastres como incendios, desastres naturales o similares”.
Denuncian que en la edificación no se respetó lo ordenado por la Ley AntiSpace (1796 de 2016); además, según ellos, el cuarto piso de la edificación comenzó a construirse sin licencia, y que “a la carrera se expidió licencia sin cumplimiento de requisitos”.
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Reiteran que el uso de suelo en la zona es de expansión urbana con vocación industrial y que de ser el caso no permitiría la ubicación de centros reclusorios.
Así mismo, empresarios de Parque Central expresaron su desacuerdo, alegando que la llegada del penitenciario a la zona mataría el desarrollo en el sector.
El traslado de la cárcel de mujeres sigue sin definirse, ya que la Alcaldía de Cartagena sigue esperando el visto bueno de la Alcaldía de Turbaco.
Sin embargo, la semana pasada la Procuraduría Provincial de Cartagena expidió un oficio donde dio un ultimátum de 24 horas para tomar medidas para el traslado de las reclusas y el personal de la cárcel de mujeres de San Diego.