La urgencia por hacer efectivo el traslado de la cárcel de mujeres de San Diego crece cada día. Así quedó claro luego de una visita hecha por autoridades al centro penitenciario, a raíz del desplome de una parte del techo, hecho que llevó al procurador provincial Guidobaldo Flórez a obligar al Distrito de Cartagena a tomar medidas urgentes para el traslado de la cárcel, debido al riesgo al que están expuestas las internas y el personal que labora en el lugar.
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Sin embargo, pese a las diligencias que adelanta hace un tiempo el alcalde de Cartagena, Pedrito Pereira, para definir el traslado temporal del penal a un predio en zona de conurbación con Turbaco, la respuesta del municipio para definir si se aprueba o no el uso del lugar sigue sin llegar. Al parecer, se tomará más tiempo.
Así lo indicó el alcalde de Turbaco, Antonio Víctor Alcalá, quien manifestó que ha sido difícil dar un concepto porque faltan detalles por definir y hay quejas de la comunidad que deben ser evaluadas.
“Las comunidades presentaron unos requerimientos sobre el lote y la construcción, que están siendo evaluados por la secretaría de Planeación, para dar una respuesta en torno a las inquietudes. Se están haciendo mesas de trabajo que permitan dar un concepto definitivo sobre el asunto”.
Al consultarle sobre una fecha para saber si se aprueba o no la licencia de uso del lugar, Alcalá precisó que “decir una fecha es difícil, pero todos los días se vienen evaluando detalles para dar una solución rápida a este tema, porque entendemos la urgencia, pero hay que hacer las cosas dentro de la legalidad, por eso seguimos en reuniones con Alcaldía de Cartagena y la Procuraduría, también buscando algunas alternativas”, indicó Alcalá.
Ante la posibilidad del traslado de la cárcel a la zona de conurbación, la comunidad vecina al predio donde sería reubicado protestó ayer para rechazar una vez más la idea.
Pese a que el lugar cuenta con el aval del Inpec y la Uspec, la comunidad dicen que no cumple con las condiciones mínimas de un centro de reclusión.
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Sostienen que la “edificación fue “construida pegada ilegalmente al predio vecino, sin los retiros mínimos ordenados por la ley para garantizar acceso de organismos de emergencias en caso de desastres como incendios, desastres naturales o similares”.
Denuncian que en “la edificación no se respetó lo ordenado por la Ley AntiSpace (1796 de 2016); además, según ellos, “el cuarto piso de la edificación comenzó a construirse sin licencia, a la carrera se expidió licencia sin cumplimiento de requisitos”.
Reiteran que el uso de suelo en la zona es de “expansión urbana con vocación industrial” y que, “de ser el caso, no permitiría la ubicación de centros reclusorios”.
Así mismo, empresarios de Parque Central expresaron su desacuerdo, alegando que la llegada del penitenciario a la zona mataría el desarrollo en el sector.
“No estoy de acuerdo con el traslado de la cárcel de San Diego a Parque Central, ya que Parque Central es una zona industrial, semi industrial y logística”, dijo Carlos Gedeón, empresario cartagenero.
Añadió que “el traslado mataría el desarrollo a mediano y largo plazo de ese sector. En todas partes del mundo las ciudades se desarrollan alrededor de sus zonas industriales con viviendas”.
Mientras el permiso para el traslado no se define, para cumplir con la solicitud de reubicación inmediata hecha por la Procuraduría, el Distrito de Cartagena busca reubicar a las reclusas de San Diego y frenar la llegada de más como medida preventiva.
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“Le pedimos al Ministerio de Justicia y al Inpec que por favor las internas que ya estén condenadas sean trasladadas a otras cárceles del país donde existan cupos. En cuanto a las que no estén condenadas se tome como medida temporal el traslado a cárceles como la de Barranquilla y Santa Marta”, afirmó el alcalde de Cartagena.
Este recordó que en la cárcel de San Diego hay 17 internas de Turbaco y de otros municipios, para lo cual también se comunicará con los alcaldes de sus ciudades de origen para que asuman la responsabilidad.
En cuanto al permiso que debe dar Turbaco, dijo que “desde que llegamos a este encargo ha sido prioridad cumplir con la decisión judicial sobre el traslado de la cárcel, que tiene más de 10 años, pero lo que más nos ha motivado es el riesgo inminente que hay sobre más de 140 internas por el deterioro que sufre el inmueble. En esa tarea nos hemos puesto y después de tanto buscar un inmueble que reúna las características que exige el Uspec y el Inpec, lo encontramos. Hemos estudiado el uso de suelo de la zona de conurbación, con base a ese estudio del PBOT presentamos la solicitud, ahora esperaremos la respuesta del alcalde de Turbaco y esperamos sacar el tema adelante”, puntualizó Pereira.