En la institución educativa del corregimiento de San Miguel, en el municipio de Hatillo de Loba, ayer se cumplió una semana sin dar clases y al parecer los días de ‘receso obligado’ podrían extenderse, pues los padres de familia y la comunidad educativa se declararon en paro hasta que el rector de la institución, Alex Torrejano, sea removido de su cargo.
Su razón para pedir la renuncia del rector es la presunta “mala administración” que Torrejano le habría dado a los recursos del Fondo de Servicios Educativos (Fose) durante el tiempo de su administración, es decir, aproximadamente 10 años.
“Los informes presentados durante los últimos años por el rector sobre el uso de los recursos son pocos. Además no corresponden ni reflejan la realidad de la inversión hecha en la institución educativa”, expresó la comunidad a través de un comunicado.
Les preocupa además el retraso en las obras de la nueva sede educativa, iniciadas en mayo de 2017 a través del convenio 001 de 2016 entre el Fondo Adaptación y la Gobernación de Bolívar.
“La obra del megacolegio está muy atrasada, la institución la tumbaron y llevamos 22 meses esperando que terminen de construir pero eso no ha avanzado”, refirió uno de los líderes.
Mientras la construcción del nuevo colegio termina, cerca de 700 estudiantes deben dar clases en aulas provisionales que habilitó la Alcaldía, pero, según refirieron los padres, no cuentan con las condiciones para que sus hijos den clases.
“Los estudiantes están dando clases en kioscos provisionales, en donde no hay un resguardo propicio, no tienen tampoco abanicos, es un desastre como están recibiendo educación, nos preocupa también el nivel académico de nuestros estudiantes, es uno de los más bajos entre las instituciones del municipio de Hatillo de Loba”.
Pese a que las autoridades acudieron a la zona e intentaron persuadir a la comunidad de reanudar las clases, esta manifestó que permanecerá en paro y no dejará entrar a los profesores hasta que el rector rinda cuentas, presente su renuncia o sea removido del cargo.
Según información del Fondo Adaptación, tras una inspección se encontró que los retrasos de debían al bajo rendimiento del contratista y se necesitaban recursos para mayor permanencia de la interventoría. Para esto, en enero la Gobernación envió la disponibilidad de recursos al Fondo, con la cual se tramitó la adición y prórroga a la interventoría, para que las obras se reiniciaran.
Hoy la obra lleva un avance del 25% y se prevé que debe estar terminada en agosto de este año.