Leandra Rodelo Álvarez, quien hace parte de los más de 100 mil habitantes de El Carmen de Bolívar, está convencida de que nadie puede permitir que los violentos vuelvan a sembrar miedo y terror a este territorio donde desde hace muchos años se respira paz.
Con una taza de café en la mano, explica que cada día trabajan para fortalecer la paz, esa que les negaron durante muchos años, y que nadie se puede olvidar de lo que pasó para que no se repitan hechos lamentables, sino que las comunidades tengan otros escenarios donde interactuar.
Edgardo Ochoa García, al igual que Leandra, advierte que hasta este momento en todo el país se ha logrado mucho a través del diálogo, por eso el sonido de los fusiles no se puede volver a escuchar, y necesitan más fortaleza en la institucionalidad para garantizar el respeto por los demás.
La seguridad es de todos
Ante esta situación de incertidumbre, el Alto Comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera Salazar, visitó El Carmen de Bolívar y en entrevista con El Universal aseguró que los ciudadanos deben ser optimistas, mas no ingenuos, porque aún hay riesgos políticos, institucionales y sobre todo es posible que los nuevos liderazgos en esta transición política que vive el país, no estén tan enfocados en implementar un acuerdo tan sofisticado como el que se firmó en Colombia.
Sobre la seguridad, dijo que lograron a través de los acuerdos desmontar esa máquina que generaba tanto daño y “fabricaba víctimas”, que era la guerrilla de las Farc, pero con eso no han resuelto todos los problemas de seguridad.
“Continúan los problemas que están ligados a la ilegalidad, a la criminalidad, al cultivo y tráfico de drogas ilícitas, en lo que hay una responsabilidad grande de la sociedad y por eso se deben implementar políticas educativas, de salud y probablemente de autoridad, pero combinadas con pedagogía”, comentó.
El alto comisionado destacó que el proceso de paz es un tesoro que alcanzamos los colombianos y por eso lo debemos cuidar, debe tener un blindaje jurídico a través de la Corte Constitucional para que sea acatado por todos los gobiernos venideros.
Rivera Salazar reconoció que la reparación económica de las víctimas, prevista en la Ley 1448, ha sido menor de lo que se esperaba, pues solo el 10 % de las víctimas en todo el país, unas 800 mil personas, han sido reparadas.
“Allí también entra la atención humanitaria que le han brindado a las personas víctimas de desplazamiento, que son unos 5 millones de ciudadanos, por eso no se debe juzgar pequeño lo que le ha costado a la Nación nueve billones de pesos en los últimos años”.
Agregó que para ese sector de la población también pactaron con las Farc un sistema integral donde ellas son el centro y para quienes debe existir justicia, verdad, reparación y no repetición, que crea incentivos muy poderosos para que lo que nunca lograron a la “brava”, lo puedan obtener a través del acuerdo.
Restitución de tierra
El funcionario añadió que el sistema de restitución de tierras no fue negociado porque es la apuesta más ambiciosa de la política frente a los afectados por el conflicto armado, porque no implica solamente reconocimiento y reparaciones simbólicas o incluso monetarias, sino también devolverle las tierras con la implementación de la Ley 1448 a quienes se las quitaron.
Dijo que si la restitución no está acompañada de una política de reconciliación, de pedagogía, solidaridad y acompañamiento a las víctimas, el riesgo de que resurja la violencia hacia ellos aún es grande.
PDET en Montes de María
El alto funcionario explicó que para la construcción de paz derivada del acuerdo, hay reservado un espacio fiscal de por lo menos 129 billones de pesos para los próximos 15 años hasta el 2031.
Resaltó que el 85 % de esos recursos están destinados para la Reforma Rural Integral, que en su mayoría se concentrará en los 19 Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), uno de ellos en los Montes de María, lo que requiere de un esfuerzo de focalización y priorización de los municipios afectados por la violencia.
