Veinte años han pasado desde la última vez que Rodolfo* y Gloria* miraron florecer los cultivos en sus tierras. Era 1997 cuando tuvieron que dejarlo todo para salvar sus vidas y aunque él volvió en dos ocasiones a su parcela en el corregimiento de Montecristo, San Juan Nepomuceno, tuvo que abandonarla definitivamente en el 2002, cuando llegó a la zona otra incursión paramilitar. En el 2011 con la entrada en vigor de la Ley 1448, creyeron que estaría cerca su retorno, pero su espera para recuperar la tierra se ha convertido en una eternidad de excusas y pasos burocráticos.
Despojados de sus predios
“Nosotros nos escapamos, nos salvó que conocemos la tierra y los caminos. Esas personas llegaron buscándonos a la vereda para asesinarnos y como no nos encontraron se llevaron los animales de carga, equinos, ganado...”, relata Rodolfo.
Ese día fue su último desplazamiento, y aunque en las dos ocasiones también se habían desplazado por amenazas, decidían volver por falta de oportunidades en los municipios cercanos, esta vez se asentaron en Marialabaja y decidieron que ahí se quedarían “sobreviviendo como fuera, pero salvando nuestras vidas”.
Gloria salió de Arroyo Grande, corregimiento de Marialabaja, en 1997 y no volvió. Vivía en una finca junto a otras 74 familias que cultivaban todo tipo de productos agrícolas, “sembrábamos arroz, maíz, yuca, frijoles, plátano... teníamos ganadería... pero un día llegaron los armados a la finca, se llevaron al líder de parcela y a su compañera y nos dieron cinco días de plazo para desocupar, que si nos quedábamos nos quemaban con todo y casa”, Gloria, su familia y todas las demás salieron antes de que se cumplieran las 24 horas, a buscar a qué dedicarse en los pueblos donde tenían familia, pero cargando con ellos la deuda bancaria que habían obtenido semanas antes para invertir en sus tierras.
El estanque
En el 2012 empezaron con el proceso de restitución, denunciaron, solicitaron la inscripción de sus predios y empezaron a esperar. Pero el año pasado, cuando el Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos de la Universidad Javeriana, en coordinación del profesor Juan Guillermo Ferro y la abogada Cheryl Morris, llegaron para apoyar a cinco asociaciones de campesinos de Montes de María, se encontraron con que en lugar de avanzar, sus procesos parecían retroceder.
“Nosotros empezamos el acompañamiento en junio del año pasado, nuestras tareas son de asesoría, investigación e intermediación de instituciones. Encontramos casos en los que la Unidad de Restitución retiraba la demanda para hacer una nueva caracterización porque había que aclarar la información; otras comunidades no sabían siquiera en qué iba la denuncia cinco años después”, comenta Cheryl Morris.
Aunque durante este año muchas de las inquietudes obtuvieron respuestas, Morris y Ferro insisten en que el proceso de restitución para cientos de familias de esta zona de Bolívar va demasiado lento y que las consecuencias de esa lentitud empiezan a afectar no solo a las familias sino a la cultura campesina de la región.
“La no restitución consolida unos procesos complejos, que van desde la concentración en el uso del agua, los monocultivos de agroexportación que están inundando la región y que también influyen en que se pierda la tradición campesina y las formas de cultivar la tierra que tenían estos campesinos que no han retornado a su tierra”, destaca Ferro.
“Que nos devuelvan lo que perdimos”
Cuando la violencia obligó a Gloria y a Rodolfo a dejar su tierra, los obligó también a buscar otras fuentes económicas. En el caso de ella, desde 1997 hasta hoy, sus cinco hijos no han encontrado estabilidad económica. “Ahora estamos ganándonos el día, tengo un hijo que se fue para Barranquilla a trabajar, otro que está de mototaxista, todavía hoy cuando no se consigue para la comida del día, no se come”, comenta la mujer.
Por eso para ella retornar a la tierra, con todas las condiciones que tenían antes de la violencia, significa estabilidad. “Nosotros tenemos una deuda que nos quedó de esos días, no podemos ir a ningún banco porque nos siguen cobrando después de 20 años aunque no tenemos la tierra, entonces que nos reconozcan y nos restituyan, significaría recuperar lo que perdimos, incluso la credibilidad”, dice Gloria.
Rodolfo no quedó con deudas, pero nunca más pudo vivir lo bonito de estar en su parcela en paz. “No puedo estar dentro de la finca como antes, no puedo estar permanente. Tenía mi finca bien organizada, tenía mis partes donde trabajar, tenía animales, el bosque cercado... ahora no puedo”, lamenta.
¿Quién las vivirá?
Pero después de recuperar las tierras, ¿quién las cultivará?, se preguntan los expertos de la Universidad Javeriana. “Al pasarse el tiempo, va más o menos una generación que se dedicó a cosas que no tienen que ver con el mundo campesino, los que quieren volver son personas mayores de 60 o 70 años que no tienen relevo generacional porque sus hijos o nietos han perdido el vínculo con la tierra, con el trabajo...”, destaca Ferro.
Gloria y Rodolfo parecen una excepción a esa regla, pues ambos manifestaron que sus hijos y nietos han mantenido la conexión con la tierra y sueñan con volver al campo, donde crecieron y tuvieron estabilidad. Pero eso hace que regresen al principio de esta historia, ¿cómo volver si sus procesos no avanzan?
¿Y ahora otra ley?
La preocupación es clara, en 2021 vence la Ley 1448 de 2011 y si se sigue el ritmo actual, no se terminarán los casos antes de esa fecha. Además pronto comenzarán con la Reforma Rural Integral que resultó de los acuerdos de paz con las Farc, pero no hay claridad sobre cómo se enlazarán estos procesos con lo que se viene haciendo. “La idea es que todo lo que ya hemos reflexionado de esta ley no se quede solo en cómo avanzamos sino que en las políticas no sigamos repitiendo las mismas dinámicas de atender a las comunidades, tenerlas esperanzadas durante décadas y nunca llevarlas a ningún fin”, explica Morris.
“Nosotros en este momento no sabemos nada de por qué no avanzan los procesos, sabemos que van lentos, pero no hay ni esperanzas de avance, realmente es muy triste eso. Lo que esperamos es que las entidades nos digan cuál es la dificultad que tienen, que nos digan por qué razón los procesos no avanzan”, concluyó Rodolfo.
*Nombres cambiados para proteger a las fuentes.
