La Contraloría Departamental de Bolívar, tras el cierre de indagación preliminar decidió dar apertura a un proceso de responsabilidad fiscal contra el exalcalde de Santa Catalina, Jesús Levín Betts Contreras (2012 -2015) y su extesorero Walter López Barrera.
El ente argumentó que habrían incurrido en un presunto detrimento patrimonial, pues al parecer se hallaron irregularidades en el manejo administrativo al realizar pagos a diferentes personas sin que mediara contrato alguno y sin haber emitido los certificados de disponibilidad presupuestal.
Además, por haber girados cheques y retirar dinero de las cuentas del municipio por valor de 1.209 millones de pesos sin los respectivos soportes para realizar dichas transacciones.
Los hallazgos se habrían presentado luego de que el entonces alcaldes electo, Salomón Castro Cantillo, solicitara el acompañamiento de los entes de control debido a que no se hizo un proceso de empalme como lo estipula la ley. La Contraloría estimó el daño patrimonial en la Alcaldía de Santa Catalina por el orden de los 1.469 millones de pesos.
Los hallazgos se encontraron luego de que el alcalde electo en su momento, Salomón Castro Cantillo, solicitara hacer el respectivo empalme con la administración de Betts Contreras, quien dejaría su cargo como alcalde a finales de 2015.
“No fue un empalme eficiente después de las elecciones, para lo cual se dispuso de unas mesas de trabajo. Se le pidió a la administración saliente todos los informes, como no se entregaron se hizo la denuncia ante todos los entes de control. No se encontró ningún soporte de los gastos”, dijo Salomón Castro.
Más hallazgosPero el alcalde Castro explicó que el detrimento no quedó allí, pues en otra denuncia, la Contraloría General de la República, investigó el atraso que tuvo la construcción del nuevo estadio de sóftbol, que tuvo un valor de más de 600 millones de pesos y que fueron pagados en su totalidad.
“La Contraloría estimó un detrimento patrimonial en 1.200 millones de pesos, pues ya han pasado más de tres años. Aprovechamos para pedirle a la Fiscalía que avance en esa investigación, pues hay un estancamiento y los responsables deben pagar. La obra no supera el 30% y fue pagada”, indicó.
Además dijo que espera surtan efecto las investigaciones sobre la estampilla para el adulto mayor, que pasó del 12,4% al 16,4% y en donde se contrataron más de 6 mil millones de pesos y “hasta la fecha estamos esperando que se demuestre que allí también hay un detrimento”.
