Iris Marín Ortiz, Defensora del Pueblo de Colombia, se pronunció este martes en Barranquilla sobre la información recientemente divulgada frente a presuntos vínculos entre miembros del denominado Estado Mayor de los Bloques ´Jorge Suárez Briceño’, Magdalena Medio ‘Comandante Gentil Duarte’ y Frente ‘Comandante Raúl Reyes’ (EMBF), miembros de la Fuerza Pública y funcionarios del Estado.
Durante la lectura del comunicado ante los medios de comunicación en Barranquilla la defensora del Pueblo expresó su preocupación e invitó a hacer reflexiones sobre las bases y finalidad del proceso de paz que se adelanta con este grupo.
“La información recientemente divulgada sobre presuntos vínculos entre miembros del denominado Estado Mayor de los bloques y el frente y la fuerza pública y altos funcionarios del Estado, la Defensoría del Pueblo expresa su profunda preocupación e invita a hacer reflexiones sobre las bases de la finalidad del proceso de paz que se adelanta con este grupo”, dijo inicialmente Marín Ortiz.
En el primer punto dijo que el presidente de la República tiene la facultad y la obligación de garantizar el orden público en todo el país. “Para ese fin, tiene a su disposición de una parte, los mecanismos relacionados con la acción de la Fuerza Pública y la colaboración con la rama judicial”.
De otra parte, de manera complementaria, puede acudir a los procesos de paz negociados. “Es de su resorte evaluar la conveniencia de acudir a sus mecanismos. En todo caso, nunca puede renunciar a su deber de proteger a la población”.
En el segundo punto sostuvo que la paz es un camino humanista y le da al presidente de la República “amplias facultades con la finalidad única de facilitar el desarrollo de los procesos de paz y lograr la terminación de la violencia armada. Entre ellos se encuentra la facultad de suspensión de órdenes de captura”.
Establecer protocolos y garantías para evitar suspensión de órdenes de captura
Añadió que la valoración que haga el presidente del uso de esa facultad “obliga a que se establezcan todos los protocolos y garantías para evitar que esa suspensión de órdenes de captura sea usada para fines distintos al fin de la violencia y la consecución de la paz”.
“El hecho ocurrido en Anorí, en julio de 2024, generó dudas desde ese entonces sobre el uso adecuado de la suspensión de las órdenes de captura por parte de alias Calarcá Córdoba y otros representantes de la mesa de Paz. Eso se debe a que en esa captura se verificó el traslado de integrantes del grupo que no contaban con la suspensión de órdenes de captura, así como el transporte de dinero, de armas y un menor de edad”, acotó. Lea aquí: Protestas campesinas bloquean vías en Bolívar este 25 de noviembre
En el tercer punto manifestó: “hoy enfrentamos dos imágenes contrapuestas de proceso con el Estado Mayor de los bloques y el frente. La que muestran las decisiones formales de la mesa de diálogo y la que revela la realidad en los territorios. ¿A cuál debemos darle mayor credibilidad? En el papel, el Estado Mayor de los bloques y el frente se comprometieron a suspender el reclutamiento, concentrarse en una zona de ubicación temporal, respetar el proceso electoral y avanzar hacia la paz. Incluso, ha realizado gestos como la liberación de personas que estaban secuestradas”.
“En la realidad, observamos el aumento de sus hombres en distintas regiones del país, dificultades para garantizar su concentración en condiciones adecuadas que permitan avanzar hacia un proceso real de desarme; continúa el reclutamiento forzado e incluso su justificación, así como una expansión territorial y un control poblacional creciente. Esto se suma a declaraciones públicas del propio comandante de ese grupo que ponen en duda su voluntad de transitar hacia la paz”.
Defensoría del Pueblo.
Por otra parte, apuntó, algunos voceros de los grupos armados y este grupo armado con roles de liderazgo y participación en el proceso de paz, han manifestado públicamente su rechazo a la dejación de las armas. “A ello se suma recientemente el informe de Caracol Televisión que plantea presuntos planes que se apartarían del camino de la paz. En paralelo, se evidencia el incremento en el número de integrantes en distintas regiones del país, así como una expansión territorial y un mayor control sobre la población en zonas como Caquetá, Huila, Tolima, Meta, Guaviare y Catatumbo. Además, la concentración en la zona de ubicación temporal no se ha concertado”.
Sostuvo que, en este contexto, “solo la implementación efectiva del mecanismo formal de verificación acordado con el en el último ciclo, permitirá establecer si los compromisos asumidos se reflejan o no en hechos reales”.
El presidente debe evaluar de manera integral los acuerdos alcanzados
En ejercicio de la facultad constitucional para impulsar y mantener salidas negociadas al conflicto armado, “el presidente debe evaluar de manera integral tanto los acuerdos alcanzados como la información proveniente de diversas fuentes sobre el comportamiento del grupo armado. Es necesario exigir hechos que demuestren una voluntad auténtica de paz. En particular, una reducción efectiva de las afectaciones a la población. Para ello es indispensable contar con herramientas sólidas de monitoreo y verificación”. Siga leyendo: Tribunal exige reunión inmediata a Petro para atender crisis en Bolívar
En el cuarto indicó que esta situación se agrava por las revelaciones recientes sobre presuntos nexos entre este grupo armado y miembros de la Fuerza pPública en varias zonas del país y con altos funcionarios del Estado en el Ministerio de Defensa y en la dirección nacional de Inteligencia.
“De ser ciertas indicarían no solo un plan distinto por parte del grupo, sino cuestionamientos sobre la integridad de todo el Gobierno en un proceso incorruptible que conduzca a la paz”.
Defensoría del Pueblo.
Manifestó que es urgente que “la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación adelanten las investigaciones penales, y disciplinarias con celeridad, independencia e imparcialidad que informe sus avances y resultados con transparencia y respeto del debido proceso”.
“Mientras que se esclarecen los hechos, es imprescindible que los superiores adopten medidas inmediatas, que garanticen la integridad de las investigaciones y eviten cualquier interferencia, para lo cual se recomienda evaluar el retiro de funciones de las personas que pudieran estar comprometidas en los hechos de corrupción”, dijo.
En el último y quinto punto, Iris Marín Ortiz manifestó que el país pide hechos de paz. El sufrimiento de la población civil en zonas de influencia del Estado Mayor de los bloques y el frente “no puede continuar mientras sobre el proceso de conversaciones crecen las dudas”.
“Solicitamos al Estado Mayor de los bloques y el frente a que honren su palabra con la liberación inmediata, masiva e incondicional de todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentran reclutados en sus filas”, terminó diciendo.