Tribunal Administrativo del Atlántico dio un plazo perentorio de 45 días para que se haga el cierre del Puente Laureano Gómez (Puente Pumarejo) porque existe deterioro de la estructura, la presencia de ranuras y huecos en la superficie, que podrían afectar la integridad de las personas que lo siguen utilizando para pasar del departamento del Atlántico al Magdalena y viceversa.
La medida fue tomada luego que el Personero Distrital Miguel Ángel Alzate impulsara una Acción Popular luego de que una visita hecha en el mes de agosto pasado, y basado en expertos, se conoció del abandono en que se encuentra, el avanzado estado de deterioro de la estructura, la ranuras que presenta la misma y el hurto de los elementos metálicos que la sostienen.
“La pretensión principal que tiene la Personería, a través de esta Acción Popular, es la demolición según los estudios técnicos, lo cual no implica una demolición total, sino una demolición, según los diseños como los que fueron contratados hace mucho tiempo por el Invías y Puerta de Oro o según nuevos estudios que se hayan realizado”, dijo Alzate a Emisora Atlántico.
Argumentó que debe realizarse una demolición “porque su permanencia, tal cual como está, constituye una omisión estatal injustificada que hace ineficaz el objeto funcional del nuevo puente, que no era otro que permitir el paso de grandes embarcaciones”.
Recordó que si se mantiene el viejo puente se comprometen grandes recursos como los 800.000 millones que costó el Nuevo Puente Pumarejo. “Y dejarlo de esta manera no solamente va a frustrar el propósito de esa inversión que realizó la Nación, sino que, como se ha hablado ampliamente, genera impactos negativos directos sobre la población y sobre el ecosistema”. Lea aquí: Este el aporte que hace el Gobierno para demoler el viejo Puente Pumarejo
Manifestó que la Acción Popular ya fue admitida y el Tribunal Administrativo del Atlántico. “Y lo que acogió fue una de las medidas cautelares que nosotros presentamos, que fue el cierre inmediato de esta vía en el entendido que era un deterioro por su abandono, un deterioro notorio estructural, que genera un riesgo para las personas que día a día están transitando por ahí, peatones, bicicletas, vehículos de tracción animal, incluso, embarcaciones de pescadores que pasan debajo, que por el desprendimiento de ciertas partes del puente pueden generarle un riesgo a su vida”.
“Nosotros estamos muy atentos a que se cumpla la orden judicial que fueron 45 días para este cierre y de alguna manera se sabe este riesgo que tiene esta población”, enfatizó el personero Alzate en Emisora Atlántico.
No descartan que queden los extremos del puente con fines turísticos
El Personero Distrital considera que el puente Laureano Gómez debe conservarse en ciertas partes. “Insisto, según los diseños que actualmente existen, permitir que sea un sitio eventualmente turístico. Lo que sí no podemos permitir es que continúe toda la infraestructura, que no permita el paso de las grandes embarcaciones”. Siga leyendo: Más de 5 millones de usuarios del Caribe perderían subsidios de energía
Recordó que el antiguo puente tiene 16 de gálibo lo cual impide el paso de grandes embarcaciones. El nuevo puente tiene 45 metros de altura y se derriba el Laureano Gómez, “eso va a permitir, sin duda, que se desarrolle nuestra actividad portuaria y fue el objetivo, fue la planeación del contrato y está incluso en los estudios previos; por lo tanto, nosotros consideramos que de no hacerse, aquí estamos en medio de un daño patrimonial, entre otras cosas; el derecho colectivo a la moralidad pública es el que está siendo vulnerado de manera sustancial ,si se mantiene que infraestructura; y esto se ha hablado mucho”.
Terminó diciendo que, a través de esta vía judicial, con órdenes impartidas por el Tribunal Administrativo del Atlántico, se podría encauzar una salida definitiva. “Y esperemos que esas decisiones se vayan tomando a lo largo del tiempo o en el corto plazo y podamos evitar la salida, es decir, la demolición así sea parcial, se sigue haciendo más costosa porque en el año 2019 se estimaba que costaba 60.000 millones. Hoy los estudios dicen que cuesta 112.000 millones demolerlo, es decir, otro daño patrimonial, una gestión antieconómica de esta obra, por tanto, deben tomarse decisiones en el corto plazo”.