Juan Camilo Olivero, director ejecutivo del Consejo Gremial de Bolívar, y Efraín Cepeda Tarud, presidente del Intergremial del Atlántico, celebraron la decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible el Artículo 280 del Plan Nacional de Desarrollo, que habilitaba el cobro de valorización a proyectos cinco años después de ser terminados, que deja sin piso la intención del Gobierno nacional de cobrarles a más de 150 mil propietarios de inmuebles de 10 municipios de los departamentos de Atlántico y Bolívar.
“Recibimos esta decisión de la Corte Constitucional con bastante entusiasmo, tanto el Consejo Gremial del Bolívar como el Intergremial del Atlántico, que juntos estamos articulados para defender a la región caribe de este cobro o esta pretensión que consideramos injusta e inconveniente”, dijo inicialmente Juan Camilo Olivero, director ejecutivo del Consejo Gremial de Bolívar.
Agregó seguidamente, que hoy les da razón la Corte Constitucional. “Nosotros reconocemos el liderazgo que ha tenido el senador Mauricio Gómez Amín y de hecho interpusimos una coadyuvancia a su demanda, por lo tanto, nos sentimos también partícipes de este logro”. Lea aquí: Los 3 acuerdos claves que hizo Yamil Arana en España
Creemos que es un paso muy importante, aún nos queda pendiente el fallo del Consejo de Estado; donde tenemos una demanda de nulidad simple ante esta corte, que esperamos que pronto sea resuelta, por lo menos si en principio otorga o no medidas cautelares y luego una decisión de fondo para definitivamente alejar este cobro.
“Hay que dejar algo muy en claro y es que no estamos en contra del instrumento de la valorización como tal, creemos que es un instrumento muy importante, pero para proyectos que se van a construir en el futuro, como lo acaba de señalar la Corte Constitucional, de que no sea para proyectos ya construidos”.
Juan Camilo Olivero, director ejecutivo del Consejo Gremial de Bolívar.
Argumentó que el Gobierno nacional, quería cobrar por una vía que ya está hecha “y por la cual pagamos ya un peaje cuando la cruzamos y nos alejaría en el tiempo, por muchísimos años, la posibilidad de una segunda calzada”.
“Debemos concentrarnos, si se va hacer algún día este cobro, a que esos recursos puedan financiar, en parte, esa segunda calzada para mejorar las condiciones de operación y seguridad para el corredor”, añadió.
Sobre lo que viene de ahora en adelante, Olivero sostuvo que hay que esperar el pronunciamiento del Consejo de Estado. “Y también estamos analizando implicaciones jurídicas sobre este fallo de la Corte Constitucional, queremos leer cuando ya esté publicada toda la sentencia para entenderla muy bien y sobre ella tomar decisiones, si hay que tomarlas, en línea jurídica”
Habla Efraín Cepeda Tarud, presidente del Intergremial del Atlántico
Efraín Cepeda Tarud sostuvo que la decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible el Artículo 280 del Plan Nacional de Desarrollo que habilitaba el cobro de valorización a proyectos cinco años después de ser terminados deja sin piso esa intención del Gobierno nacional de cobrarles a esos más de 150 mil propietarios de inmuebles de 10 municipios de los departamentos de Atlántico y Bolívar. Siga leyendo: Aquí la agenda y los conferencistas del Foro de Desarrollo Local de la OCDE
“Este injusto cobro en las zonas de influencia de la Circunvalar de la Prosperidad y de la Vía al Mar, que conecta a Barranquilla con Cartagena y donde se están dando unos desarrollos inmobiliarios y turísticos, que, de cobrarse esa valorización, estos se frenarían”, sostuvo.
Manifestó que afortunadamente la Corte Constitucional les dio la razón desde el principio de esta lucha. “Desde el Intergremial del Atlántico y el Consejo Gremial del Atlántico, hemos interpuesto acciones judiciales. Por ejemplo, una acción de nulidad ante el Consejo de Estado, que no ha sido resuelta, esperamos que pronto se pronuncie y adicionalmente coadyuvamos a esta demanda interpuesta por el senador Mauricio Gómez, que fue resuelta por la Corte Constitucional a nuestro favor y que denuesta que este cobro era injusto y, además, inconstitucional y también tiene unos vicios de nulidad que se demostrarán en el Consejo de Estado”.
En cuanto al futuro sobre está decisión, Cepeda Tarud, sostuvo que se está a la espera de que se resuelva la acción de nulidad en el Consejo de Estado, ya sean con unas medidas cautelares o fallo definitivo y, “por supuesto, esperamos que tanto Invías como la ANI entiendan que ya esto quedó sin piso al dejar inexequible el Artículo 280 del Plan de Desarrollo Nacional”.