La Policía Nacional, en articulación con la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Delitos contra el Lavado de Activos y la Extinción del Derecho de Dominio, desarrolló la ‘Operación Raziel’, mediante la cual se logró la extinción del derecho de dominio sobre 46 bienes muebles e inmuebles, con una estimación económica que supera los 4.469 millones de pesos.
Según las autoridades, esta operación fue ejecutada en la ciudad de Barranquilla y en los municipios de Galapa, Sabanalarga, Malambo y Baranoa, en el departamento del Atlántico.
“En estos lugares se materializaron medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre bienes que pertenecerían al Grupo Delincuencial Común Organizado ‘Los Pepes’”, dice el informe policial. Lea aquí: Así es como Bolívar planea convertirse en un referente internacional
Agrega que dentro de los bienes afectados se encuentran 15 inmuebles, 30 vehículos y una sociedad comercial.

Se destacan varios apartamentos lujosos ubicados en el norte y centro de Barranquilla, vinculados a la sociedad “Inversiones OWEN”, constituida por Wilmer Ariza Sánchez, alias ‘Matacaballo’, señalado como el principal cabecilla de esta estructura delincuencial.
‘Los Pepes’ tenían un esquema financiero y patrimonial
“La organización criminal ‘Los Pepes’ contaba con un esquema financiero y patrimonial presuntamente injustificado, derivado de actividades ilícitas como la extorsión, el tráfico de estupefacientes y el enriquecimiento ilícito. Alias ‘Matacaballo’ lideraba esta estructura, consolidando una red financiera con apariencia de legalidad para ocultar activos producto de actividades delictivas”, sostienen las autoridades. Siga leyendo: Barranquilla ya está preparada para el Foro de Desarrollo Local de la OCDE
Cabe destacar, agrega que el informe, que en mayo de 2024 fueron capturados alias ‘La Profe’ y alias ‘Beto’, “presuntos distribuidores y comercializadores de estupefacientes en Barranquilla, quienes utilizaban varios de los inmuebles ahora ocupados como centros de acopio y expendio de sustancias ilegales”.

Con este resultado, la Policía Nacional reafirma su compromiso institucional con la lucha frontal contra el crimen organizado, afectando de manera directa las finanzas criminales y recuperando bienes adquiridos mediante actividades ilícitas que afectan la seguridad, la economía y la convivencia ciudadana, termina diciendo el comunicado.