El 14 de abril de 2025, en el marco de un proceso de contrainteligencia e investigación criminal de DIJIN y DIPOL, en coordinación con la Fiscalía 8 Especializada contra la Corrupción, adelantado por más de un año contra funcionarios públicos por actos de corrupción, al servicio de actores criminales en la ocupación y apropiación de tierras en Atlántico, se materializó la ‘Operación Gaia’ que permitió la captura de 17 personas.
Según las investigaciones de las autoridades, estas personas, presuntamente, ocupaban y se apropiaban de tierras en Barranquilla, Soledad, Malambo, Santo Tomás, en el Departamento del Atlántico, y en el municipio de Cereté, Córdoba. Lea aquí: 17 capturados, entre ellos funcionarios, por robo de tierras en Atlántico
Gracias a las investigaciones las autoridades lograron la captura de 17 particulares por los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción y omisión, cohecho, asociación para la comisión de delitos contra la administración pública, urbanización ilegal y estafa agravada.
Recordar que Gaia, etimológicamente proviene del griego, que significa tierra y mitológicamente era el nombre de la diosa madre del planeta tierra y por ello el nombre de la operación por parte de las autoridades.
Según las autoridades, “esta operación es la primera que se realiza de esta magnitud y donde se evidencian actos de corrupción por parte de servidores públicos y se continúa con el proceso investigativo esperando próximos resultados con futuras imputaciones”.
Durante el proceso investigativo se identificó una red de corrupción integrada por servidores públicos (3 registradores de instrumentos públicos, 2 inspectores de policía, un notario, 1 calificador de instrumentos públicos y un funcionario de la alcaldía de Soledad, Atlántico).
¿Cómo operaba esta red de corrupción?
Según lo manifestado este martes 15 de abril, en rueda de prensa, por el brigadier general Yecid Peña, comandante de la Región 8 de la Policía Nacional, los registradores de Instrumentos Públicos, permitían el registro de predios y otorgaban matrículas inmobiliarias y el reloteo de las mismas; asimismo el desbloqueo de resoluciones de predios de dudosa posesión.
Los notarios permitían la protocolización de escrituras públicas para la posterior venta de predios obtenidos de manera irregular sin las revisiones previas de pago de impuestos y/o verificación de registros catastrales o matrículas inmobiliarias.
El calificador de instrumentos públicos, como revisor jurídico de la oficina de instrumentos públicos omitía sus funciones de verificación documentos cumplan con la legalidad para inscribirse en el registro (registros catastrales, pago de impuestos entre otros).
Los Inspectores de Policía, emitían amparos policivos a favor de los usurpadores o agentes corruptores solicitantes de querellas policivas con el fin de apropiarse irregularmente de los terrenos.
Así fue la operación para capturarlos
Según el brigadier general Yecid Peña, comandante de la Región 8 de la Policía Nacional, la investigación se adelantó desde 4 líneas investigativas, a partir de la identificación de su modus operandi, mediante la omisión de la revisión y estudio jurídico de diferentes documentos, los cuales eran presentados para dar apariencia de legalidad y así posesionarse de terrenos que posteriormente eran comercializados mediante engaño a terceras personas. Siga leyendo: Ya ruedan por Barranquilla los nuevos buses de Transmetro
Dentro de los terrenos ocupados ilegalmente se contaba con una extensión de tierra que debía ser destinada para la construcción de un Mega colegio y fue desviado a manos de particulares, quienes lo fraccionaron y comercializaron ilegalmente en lotes, cada uno con un valor aproximado de 50 millones de pesos.
De estos predios corroborados documentalmente, se conoce su avalúo comercial por aproximadamente 22 mil millones de pesos.
Se vieron afectados cerca de 277.000 metros cuadrados, los cuales fueron adquiridos fraudulentamente, posteriormente parcelado y vendidos estafando a familias y afectando los proyectos urbanísticos por parte de diferentes constructoras y la ocupación ilegal de zonas de uso público para el uso y goce de la comunidad, las cuales tenían una destinación específica para la construcción de colegios, centros de desarrollo infantil y parques.
“Con este resultado se busca recuperar el interés de constructoras quienes ya se habían visto afectadas por los intereses particulares de la red criminal para establecer proyectos. Por último, señalar que este resultado operacional permite generar tranquilidad para las más de 1.800 familias que viven en las zonas afectadas de Soledad, Atlántico”, termina diciendo el informe.