La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra comandantes de la Fuerza Pública y funcionarios de la administración distrital para que respondan por no acatar las alertas tempranas sobre violencia en Barranquilla.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra Ricardo Andrés Díaz Pérez, comandante del Gaula Militar Caribe; José Luis Agudelo Jaimes, comandante de la Segunda Brigada del Ejército, Jorge Armando Ortiz Toro, comandante del Batallón de Policía N.º 2 de Barranquilla, dice inicialmente el comunicado. Lea aquí: Masacre en Barranquilla: en esto trabajaban tres de las víctimas
También son investigados Yesid Turbay Pereira, secretario del Interior del Atlántico; Jaime Navarro Herrera, subsecretario de Participación Comunitaria del Atlántico; Bertulfo Gutiérrez Vásquez y Piedad Ahumada, profesionales especializados de la Secretaría de Gobierno de Barranquilla; Leonel Morrón Maiguel, secretario de Gobierno de Puerto Colombia; y Luis Carlos Oquendo, secretario de Gobierno de Galapa, como funcionarios cargo de la respuesta rápida a la Alerta Temprana N° 0 037 de 2020.
De acuerdo con las indagaciones del Ministerio Público, “para la época de los hechos (2019 a 2023), estos servidores no adelantaron de forma oportuna los planes o acciones necesarias para mitigar, alejar o disuadir, los escenarios de riesgos planteados; lo que posiblemente ayudó a que se consumaran los hechos violentos”.
Según la Procuraduría General de la Nación, el documento emitido por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo aún está vigente y el mismo advierte sobre el riesgo inminente en que se encuentran las comunidades de Barranquilla y su área metropolitana, que comprende los municipios de Puerto Colombia, Soledad, Malambo y Galapa.
“Por la presencia de al menos cinco grupos armados ilegales que se disputan el control territorial y negocios ilícitos como microtráfico, prostitución, extorsión y los puertos para envío de drogas al exterior”, se lee en el comunicado de la PGN.
Según el ente de control, la alerta señala que entre la población más vulnerable por el accionar de estas estructuras armadas están: “comerciantes, tenderos, defensores de derechos humanos, docentes, estudiantes universitarios, líderes sociales, juntas de acción comunal, organizaciones de víctimas, representantes de población desplazada, sindicalistas, población con orientación sexual e identidad de género diversas, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, entre otros”.
Entre las pruebas requeridas por la Procuraduría están las copias de las actuaciones adelantadas, si las hubo, por las entidades a cargo de los mencionados funcionarios para cumplir con los requerimientos hechos en la Alerta Temprana N° 0 037 de 2020, con el fin de mitigar los riesgos de esta población. Siga leyendo: ¿Cómo avanzan las investigaciones sobre la masacre en Barranquilla?
“También los listados completos de otros servidores públicos que tuvieron responsabilidades asociadas con el cumplimiento de dicha solicitud”, termina diciendo el comunicado de la Procuraduría General de la Nación.