El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, se unió a las voces de miembros de las ramas judicial y legislativa que respaldan la reforma a la justicia, que ya recibió dos debates de aprobación en el Senado de la República y, en febrero del 2025, empieza trámite en la Cámara de Representantes.
El mandatario de los atlanticenses lo dijo durante la instalación del Foro Reforma a la Justicia, organizado por el periódico El Tiempo y el Senado de la República, en el Hotel Barranquilla Plaza, evento en el que participaron el presidente la Congreso, Efraín Cepeda Sarabia; la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello; el presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra; la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo; los magistrados de la Corte Suprema, Diego Corredor y Fernando Bolaño; y el director de El Tiempo, Andrés Mompotes.
“Este evento que reúne a destacados profesionales del derecho, académicos, jueces y expertos, es la mejor oportunidad para reflexionar y debatir sobre los desafíos y avances crucial de la justicia”, manifestó el gobernador del Atlántico, al tiempo que resaltó el esfuerzo que se viene realizando por modernizar el sistema judicial y reducir la impunidad, como garantía de un verdadero Estado de derecho. Lea aquí: Atlántico en alerta amarilla hospitalaria hasta el 7 de enero de 2025.
“La Comisión Primera del Senado de Colombia aprobó, en primer debate el proyecto y la plenaria hizo lo propio de manera positiva. Este proyecto busca garantizar una justicia penal más pronta, eficaz, ajustada a las necesidades de los ciudadanos y que de esa manera asegure en todo momento los derechos de las víctimas”, anotó Verano De La Rosa.
Explicó que el sistema penal acusatorio colombiano, implementado a través de la Ley 906 del 2004, ha enfrentado desafíos significativos, incluyendo la congestión judicial y la alta impunidad.
“El 70% de los delitos quedan en la impunidad, lo que evidencia la necesidad urgente de reformar el sistema para garantizar la justicia y la reparación integral a las víctimas. Para los colombianos, esta reforma representa una oportunidad para mejorar el acceso a la justicia y fortalecer la confianza en el sistema judicial”, destacó el mandatario de los atlanticenses.
Además, sostuvo que un sistema más eficiente y transparente no sólo garantiza el acceso a la justicia, sino también refuerza la democracia y el Estado de derecho.
“La participación ciudadana y el escrutinio público son esenciales para asegurar que estas reformas respondan a las necesidades reales de la sociedad”, dijo Eduardo Verano.
Verano De La Rosa aprovechó el espacio para entregar un resumen de cómo la administración departamental viene trabajando en pro de una defensa judicial oportuna, ágil y transparente en donde la adopción de la inteligencia artificial como herramienta ha sido fundamental.
“La Administración Departamental se encuentra entre las primeras entidades del país en adoptar la inteligencia artificial como una herramienta estratégica en la defensa jurídica, con el objetivo de optimizar su gestión de litigios y preservar los recursos públicos”, afirmó.
Señaló que el modelo establece patrones de contestación y defensa basados en fallos previos favorables y permite argumentar ante el juez qué casos similares ya han sido resueltos a favor del Departamento y se establece así un precedente. Siga leyendo: Yamil Arana anuncia medida de alivio tributario durante diciembre
“La inteligencia artificial hoy es nuestro mejor aliado en materia de defensa judicial. Nos ayuda al estudio, al desarrollo y aplicación de técnicas informáticas que permiten a los medios digitales adquirir ciertas habilidades propias de la inteligencia humana. En nuestro modelo de atención, la inteligencia artificial nos ayuda a personalizar la atención, a optimizar el valor que ofrecemos a cada ciudadano y a potenciar la innovación mediante el análisis de procesos y la formulación de actividades”, resaltó Verano.
Aportó que en este trabajo cuenta con el acompañamiento de Google, a través de acuerdos logrados por el Gobierno departamental, a través del secretario Jurídico, Rachid Náder, y el secretario de TICs, Juan Carlos Restrepo y sus respectivos equipos de trabajo.
“El objetivo es fortalecer la defensa jurídica en los procesos judiciales. Esta herramienta avanzada, que combina algoritmos y una base de datos de sentencias judiciales, permitirá responder a demandas y gestionar consultas legales de una manera mucho más rápida y eficiente, a la vez que contribuye a una reducción significativa en el gasto público en materia de litigios”, reiteró el gobernador, precisando que en su segunda administración 2016 - 2019 se sentaron los lineamientos de la modernidad del sistema y estos se han venido fortaleciendo.
El presidente del Senado de la República, Efraín Cepeda Sarabia, se mostró de acuerdo con el gobernador, Eduardo Verano, en el sentido de establecer una justicia oportunidad, ágil, equilibrada y transparente.
Cepeda Sarabia, en su intervención expuso estadísticas que justifican la reforma. Por ejemplo, aseguró que, en el 2023, las diferentes instancias judiciales del país recibieron 1,9 millones de casos, de los cuales el 57 % fueron archivados. Le puede interesar: 18 afectados en el Atlántico por manipular pólvora en Noche de Velitas
“De 10 casos, el 85 % se archiva; un 90 % permanece en procesos; solo un 8 % llega a juicio; el 1,4 % sigue en etapa de investigación; y solo hay condena en el 2 %. Esto genera desconfianza en el ciudadano y afecta todo el Estado de derecho, incluyendo hasta los niveles de producción”, manifestó el presidente del Senado, asegurando, además, que resulta inconcebible que un proceso dure entre 7 y 10 años en promedio.
La procuradora Margarita Cabello Blanco; la fiscal Luz Adriana Camargo y los magistrados Corredor y Bolaño, coincidieron en la necesidad de la reforma a la justicia y ajustarla a los nuevos requerimientos de eficiencia, oportunidad, agilidad, equilibrada y razonable.
También dijeron que todo el proceso debe incluir, como ingrediente importante, la pedagogía dirigida a que la sociedad y los ciudadanos sepan lo que significa una rama judicial robusta e independiente para la defensa de los derechos y el fortalecimiento de la democracia colombiana.