Las micros, pequeñas y medianas, MiPymes, a través de la ACOPI, dieron a conocer su preocupación por la acelerada reforma fiscal que el Gobierno nacional busca sea aprobada por el Congreso de la República, porque el microempresario colombiano se vería afectado si se llega a aprobar en su totalidad.
“Desde Acopi lamentamos profundamente que el Gobierno nacional, pese a la sustentación de nuestras propuestas en materia fiscal en beneficio de las MiPymes, realizada en distintos espacios ante el Ministro de Hacienda y el director de la Dian; en reunión celebrada el 1° de agosto del presente año, con representantes de las distintas seccionales y su mesa directiva y en las audiencias públicas celebradas con participación de los miembros de las Comisiones tercera de Senado y Cámara en la ciudad de Bogotá, Barranquilla, Cali y Cúcuta, haya tomado la decisión de no tener en cuenta nuestras propuestas”, dijo Rosmery Quintero, presidenta nacional de Acopi.
Precisó que no fueron tenidas en cuenta propuestas como la tarifa diferencial de renta, la exclusión del 4 x 1.000, la ampliación del Régimen Simple de Tributación y la inclusión del impuesto de normalización tributaria.
“Estas propuestas estaban encaminadas al cumplimiento de los principios de equidad y progresividad establecidos en la Constitución y cuya inobservancia, está afectando gravemente las sostenibilidad y generación de empleos dignos de un tejido que representa el 99.6% de las empresas del país”, anotó.
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Explicó que la tarifa diferencial de renta es un mecanismo para disminuir la desigualdad empresarial y se ajusta a la capacidad de pago de este segmento, el cual se encuentra en proceso de recuperación de las consecuencias generadas por la pandemia, una alta inflación y escasez de bienes, servicios e insumos.
“Desde nuestro gremio consideramos que la renta diferencial se ajusta a las propuestas esbozadas por el doctor Gustavo Petro durante su campaña y en su discurso de posesión. Por otro lado, consideramos que la exclusión del grupo tres del Régimen Simple de Tributación es un retroceso que desincentiva la formalización empresarial, teniendo en cuenta que desde su creación más de 22.000 empresarios de este grupo le apostaron a la formalidad”, expresó Quintero.
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Considera que el no contemplar la exclusión a las micro, pequeñas y medianas empresas del 4x1.000 de todos los conceptos salariales por pago de nómina y para el pago de impuestos nacionales y territoriales, impone una carga fiscal que afecta el desempeño empresarial y su capacidad de crecimiento.
Terminó diciendo que las medidas sobre normalización tributaria para las MiPymes, “tenían como finalidad que las empresas de nuestro segmento pudieran regularizar su situación fiscal teniendo en cuenta el impacto que las medidas de contención del COVID-19 originaron en sus finanzas, restándole capacidad para cumplir con el pago de sus obligaciones fiscales”.