Ante la problemática de que la mayor parte de la carne que consume la población de Barranquilla y el sur del departamento, es producto del sacrificio ilegal, según lo revelado por la Procuradora Ambiental y Agraria de Barranquilla, el gobernador del Atlántico, José Antonio Segebre, propuso a los mandatarios municipales la construcción de centros de acopios, autorizados por el Invima.
La Procuradora Ambiental y Agraria de Barranquilla, Maritza Pérez, fue quien reveló las cifras durante la mesa de trabajo realizada en la sala de juntas de la Gobernación del Atlántico y donde estuvieron además el gobernador, los alcaldes municipales, Secretarías de Salud, Interior, Invima, ICA, Umata, CRA y miembros de la Policía Nacional.
El encuentro se hizo con el objetivo de buscar solución a la problemática sobre el sacrificio ilegal de especies mayores como bovinos, equinos y asnos que se realizan en sitios clandestinos.Segebre dijo que estos centros de acopio dispondrían de camiones refrigerados para mantener la cadena de frío. De igual manera, consideró importante mejorar los canales de distribución con la participación de los sacrificadores clandestinos.
Explicó que para ello es necesario que los alcaldes municipales establezcan convenios entre aquellos que cuentan con planta de beneficio y los que carezcan de éstas.
Por su parte, el Director de la Corporación Autónoma Regional CRA, Alberto Escolar, informó que en el Atlántico sólo cuenta con seis plantas de beneficio establecidos legalmente. Dos en el municipio de Malambo; una en Galapa; una en Soledad, una en Sabanalarga y otra en Sabanagrande; en proceso de legalización se encuentra el del municipio de Suán.
“Estas son las únicas plantas de beneficio autorizadas para funcionar por parte de las autoridades de salud y ambiental para sacrificar el ganado en el departamento", expresó Alberto Escolar, Director de la CRA.
Consideró el funcionario que la solución de la problemática es revisar el tema de la regionalización.
Otro aspecto sería revisar la estructura de costos de sacrificio para contrarrestar la problemática ilegal.
“La ilegalidad está asociada al tema de costo, irse a lo legal, termina incrementando el costo de la carne”, consideró Alberto Escolar.
Por su parte, Maritza Pérez, Procuradora Ambiental y Agraria, señaló que el sacrificio ilegal, es una constante.
“Existe el caso de algunos municipios que a pesar de contar con plantas de beneficio, continúan sacrificando ilegalmente”, dijo la Procuradora Ambiental y Agraria de Barranquilla.
Todos coincidieron en manifestar que las consecuencias de la ilegalidad del sacrificio acarrean problemas de salud y contaminación que pondrían en riesgo la exportación de carne.
