El contratista Emilio Tapia, recordado por su papel en el carrusel de la contratación en Bogotá, fue capturado por la Policía Nacional este viernes en una clínica del norte de Barranquilla. La detención se produjo luego de que un juez revocara el beneficio de libertad condicional que le había sido concedido en abril de este año.
De acuerdo con las autoridades, Tapia se encontraba internado en la clínica Altos del Prado recibiendo atención médica por un cuadro de hipertensión. Hasta allí llegaron los uniformados para hacer efectiva la orden judicial que lo obliga a regresar a prisión y cumplir la totalidad de su condena.
Tapia fue considerado por los investigadores como uno de los principales artífices del desfalco que afectó las finanzas de la capital durante la administración de Samuel Moreno. Por esos hechos fue sentenciado en tres procesos distintos entre 2016 y 2017, los cuales, al ser unificados por un juez de ejecución de penas, suman 12 años y un mes de cárcel. Lea: Emilio Tapia: juez revoca su libertad y ordena captura inmediata
Por qué vuelve a prisión Emilio Tapia
El Juzgado 15 de Conocimiento de Bogotá determinó que el contratista no debía conservar el beneficio de libertad condicional debido a la gravedad de las conductas cometidas. El despacho recordó que los delitos de cohecho, enriquecimiento ilícito, interés indebido en la celebración de contratos y concierto para delinquir afectaron de manera directa la transparencia del Estado y causaron un daño profundo a la confianza ciudadana.
Aunque el condenado ya había cumplido más de 88 meses de su pena, el juez concluyó que debía permanecer bajo reclusión al haber sido uno de los principales responsables de un esquema de corrupción sin precedentes. En su decisión, el despacho señaló que el caso representó “el mayor descalabro del que se tenga noticia en la contratación distrital”.
La captura en Barranquilla obliga ahora al Inpec a definir el establecimiento carcelario donde Tapia continuará privado de la libertad. El contratista también es investigado en otros procesos, entre ellos el relacionado con el escándalo de Centros Poblados, que involucró recursos públicos destinados a la conectividad rural.