Las encarnizadas luchas en el Catatumbo entre el Ejército de Liberación Nacional (Eln), disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y bandas criminales como el Clan del Golfo están ligadas a la historia que sufren los habitantes del sur de Bolívar y, más allá de eso, a la misma violencia que ha golpeado al país desde hace más de medio siglo, como un enfermedad crónica que por desgracia parece perenne, sobre todo en las zonas de difícil acceso.
La tierra fértil de la Serranía de San Lucas, que en sus entrañas alberga minerales preciosos como oro y plata, y donde además han encontrado cobalto (usado para baterías de celulares), es testigo de esa problemática. Por esa parte de la cordillera Central (de la cordillera de Los Andes) se deslizan el gran Cauca y el poderoso Magdalena. La fauna y la flora en esa subregión del sur de Bolívar son variadas y exuberantes, pero muchas de sus gentes viven en medio de ese paraíso natural el miedo más primigenio por cuenta de los distintos actores armados que siembran terror: el miedo a la muerte.
De hecho, un reciente informe de la Defensoría del Pueblo deja ver que más de 200 familias fueron desplazadas en Bolívar durante el 2024, sobre todo el sur del departamento, huyéndoles a esas confrontaciones entre grupos armados. En el 2025 también se han registrado varios eventos y por ello el gobernador Yamil Arana hizo un llamado al Gobierno nacional para aumentar el pie de fuerza en la zona, construir una nueva base y fortalecer las capacidades logísticas y tecnológicas en los municipios de la zona. “La situación de seguridad en las zonas rurales de municipios como Santa Rosa del Sur y Montecristo desbordan nuestra capacidad institucional”, dijo Arana, dejando ver la crítica situación. Lea: Más de 200 familias fueron desplazadas en Bolívar durante el 2024
Pero, ¿cómo entender el conflicto en esta zona, donde las disidencias de las Farc y el Eln se aliaron para evitar que el Clan del Golfo se quede con las rentas criminales, mientras que en el Catatumbo las disidencias de las Farc y el Eln sostienen una guerra sin cuartel?
Protestas de campesinos el sur de Bolívar
De ello bien pueden hablar Amaranto Daniels Puello, investigador y director del Instituto Internacional de Estudios del Caribe, y Francisco Méndez Beltrán, profesor e investigador, quienes el próximo 25 de febrero lanzarán un libro en el que dan detalles y comparan la violencia en el sur de Bolívar y en los Montes de María, titulado “Territorio, violencias y derechos humanos: estudio de caso Montes de María y sur de Bolívar”.
“El sur de Bolívar es un escenario en donde se ha normalizado la violencia, la vulneración de los derechos humanos y la extrema fragilidad institucional del Estado colombiano a nivel territorial. En ese sentido, hay varias reflexiones. La primera es que el sur de Bolívar nunca ha tenido mayores niveles de integración ni sentido de pertenencia con el resto del departamento. De hecho, a manera de antecedente, el sur del departamento ha sido tan desconocido que solo empezó a ser mencionado hasta los años 80 del siglo pasado, a raíz del tema de las regalías que se daban en ese momento en el municipio de San Pablo, ya que Cantagallo era corregimiento”, explica Daniels.
Este señala que, cuando se invirtió parte de esas regalías en lo que se llamó la Loma de Bazurto en Cartagena (que hoy no existe), siendo gobernador Humberto Rodríguez Puente, la población del sur evidenció el olvido estatal y la ausencia total de infraestructura en servicios públicos. Le puede interesar: Sur de Bolívar en crisis: desplazamientos por enfrentamientos
“Esto llevó a la primera marcha campesina en 1985, cuando los manifestantes se tomaron el Parque del Centenario en Cartagena. Este fue el primer acontecimiento que evidenció la realidad del sur del departamento. Luego de dos o tres meses de negociaciones, la gente regresó con un paquete de obras en materia de acueductos. Las cabeceras municipales no tenían energía eléctrica, pues funcionaban con plantas de kerosene, y los temas de salud y educación se consideraban claves”.
El Plan Nacional de Rehabilitación en el sur de Bolívar
El profesor Daniels agrega que el Plan Nacional de Rehabilitación (PNR) del gobierno de Virgilio Barco logró mitigar en parte la ausencia de infraestructura en servicios básicos y sociales. “Yo recuerdo que cuando trabajé con el PNR en 1988 en el gobierno Barco, el director era Ricardo Llanos, un economista magdalenense egresado de Los Andes. Recuerdo que cuando fuimos ante el gobernador de la época, un hombre muy distinguido en la ciudad, a hablarle del plan para el sur de Bolívar a través del PNR, nos respondió de manera jocosa que el departamento llegaba solamente hasta Palenque, de que ahí para atrás no existía”.
El investigador señala que esa era la visión que tenían en esa época los cartageneros y los sectores de gobierno del departamento sobre el sur de Bolívar. “Así surge la segunda estigmatización: siempre se ha considerado una ‘zona roja’ en términos de orden público, tanto por la Fuerza Pública como por la dirigencia política del departamento e incluso a nivel nacional”, señala Daniels.
Y agrega: “Después de eso viene el segundo elemento que demuestra la magnitud del problema en el sur de Bolívar: los paros campesinos de 1996, en el gobierno de Ernesto Samper, siendo gobernador Miguel Navas Meisel. Los campesinos se tomaron las poblaciones de San Pablo, Morales, Simití y Cantagallo. Miguel Navas logró una negociación de casi un mes con un plan de intervención coordinado por Horacio Serpa y la Consejería de la Costa. Esto muestra cómo la única forma de expresión que les quedaba a los habitantes del sur de Bolívar era recurrir a los paros campesinos para reclamar lo que un Estado social de derecho debería garantizar”.
El profesor Francisco Méndez Beltrán acota que el sur de Bolívar es una zona de colonización y frontera abierta, lo que permitió que se asentaran allí familias campesinas procedentes de Santander, Antioquia y Boyacá, quienes huían de la violencia bipartidista en los años 50 y 60. Explica que esto dio origen a municipios como Montecristo y a toda la zona minera que está en la parte alta. Lea: 9 muertos dejan fuertes combates en Santa Rosa del Sur, en Bolívar
“En el 2000 hubo otra marcha campesina. Se ha estigmatizado diciendo que estas marchas eran impulsadas por las Farc y el Eln, que tenían presencia con el Frente 24 y el Frente Héroes de Anorí. Posteriormente, en el 2000, cuando cambió la ecuación del conflicto armado en Colombia, surgió la marcha de la Asociación de Municipios por la Paz. Para entonces, el paramilitarismo, a través del Bloque Central Bolívar, ya había tomado parte del sur del departamento, tenía incidencia política y social y convocó la marcha de más de 30 alcaldes de la época para exigir que no se realizaran los diálogos con el Eln que el gobierno de Pastrana pretendía, mientras dialogaba con las Farc en el Caguán, un proceso que terminó siendo un fracaso absoluto”, explica Daniels.
Este agrega: “Esto demuestra que el sur de Bolívar ha sido un territorio en disputa, con ausencia estatal, fragilidad de las instituciones y una población que ha desarrollado formas de autogobierno a través de las Juntas de Acción Comunal. El olvido del Estado y la inacción de las autoridades en esta zona también están relacionados con la geografía. El sur de Bolívar está en la Serranía de San Lucas, una región de difícil acceso, con el río Cauca y el río Magdalena en la parte baja, y con colindancia con Barrancabermeja y Cantagallo. No hay infraestructura vial y el sistema de transporte fluvial es costoso; sin embargo, esto no implica que el Estado no pueda ejercer el monopolio de las armas. Lo que realmente evidencia esta situación es la fragilidad o ausencia de una política de seguridad que garantice a la población su derecho a la vida y la libertad”.
Las rentas criminales en el sur de Bolívar
Los investigadores destacan que, desde una perspectiva económica, el sur de Bolívar tiene una gran riqueza natural: agua, pesca y oro. “Sin embargo, el Estado ha mantenido una presencia débil, permitiendo que grupos criminales se aprovechen del territorio y sus recursos. Colombia ha sido históricamente un país con más territorio que Estado. Regiones como el sur del Cesar, la Sierra Nevada, el Cauca, los Llanos Orientales, Caquetá y Putumayo han sufrido la misma falta de presencia estatal. Esto ha permitido la proliferación de economías ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, el contrabando, el lavado de activos y la trata de personas”, cuestionan. Lea: Ejército incautó un arsenal de armas para cometer delitos en Bolívar
Daniels añade que el conflicto armado en Colombia hoy no es el mismo que negoció el gobierno del presidente Santos con las Farc en el 2016. “Ahora es una violencia asociada a la explotación de economías criminales. El sur de Bolívar es la tercera zona del país con mayor minería ilegal. A pesar de esto, cuando el gobierno de Álvaro Uribe implementó su política de ‘Seguridad Democrática’ y el gobierno Santos diseñó su plan de consolidación territorial, el sur de Bolívar quedó excluido. Cuando el gobierno de Iván Duque llegó al poder, con sus medidas ralentizó la implementación del Acuerdo de Paz, incubando un nuevo ciclo de violencia. Este gobierno desmontó la estrategia de ocupación territorial basada en operaciones terrestres y revivió un modelo de seguridad similar al de Uribe. En consecuencia, la Paz Total propuesta por el gobierno de Gustavo Petro (actual) ha carecido de una hoja de ruta clara y ha terminado fortaleciendo a los grupos armados”, sostiene el profesor Daniels.
Este menciona que desde el 2016, tras la desmovilización de las Farc, el Eln expandió su presencia en el sur de Bolívar. Posteriormente, llegaron facciones del Clan del Golfo. Entre el 2019 y el 2020, se intensificaron los homicidios selectivos, los desplazamientos forzados y las masacres.
“En el 2021, el Clan del Golfo tomó puntos estratégicos en la serranía de San Lucas y Montecristo, desatando combates con el Eln y las disidencias de las Farc. Para el 2022, estas organizaciones entraron en alianzas temporales, pero los enfrentamientos continuaron. Actualmente, el sur de Bolívar es una de las regiones más violentas del país, con una alta producción de coca y enfrentamientos constantes entre grupos armados, lo que sigue demostrando la fragilidad del Estado y la ausencia de políticas eficaces para garantizar la seguridad y el bienestar de la población”, dice el director del Instituto Internacional de Estudios del Caribe.
De hecho, señala que hay una zona conocida como la Estrella de la Muerte, en la que están Cantagallo, San Pablo, Simití, Morales y Santa Rosa del Sur, junto con Puerto Wilches, en Santander. A esta zona la llaman así por la gran cantidad de hechos violentos que ocurren allí, como asesinatos y enfrentamientos. Su ubicación estratégica en la Serranía de San Lucas, con acceso a ríos como el Magdalena y el Cauca, facilita las actividades de los grupos ilegales, quienes controlan corredores de movilidad y rutas del narcotráfico. Estos se pelean las rentas criminales de la extorsión a familias que viven de la minería no formalizada, el contrabando y el lavado de activos, utilizando estrategias como los famosos “pagadiarios” o los “gota a gota”. También tienen redes de migrantes y prostitución que manejan grupos transnacionales, como el Tren de Aragua. Le puede interesar: Hallan muerto a hombre que secuestraron mientras vendía oro en Bolívar
Asesinato de líderes en el sur de Bolívar
La recopilación de datos del profesor Daniels indica que, en total, en los 17 municipios de las ZODES Magdalena Medio, Mojana Bolivarense, Mompox y las Lobas hubo 553 muertes violentas entre el 2018 y el 2023, en donde los municipios de Magangué, Santa Rosa del Sur y San Pablo concentran el 46,6 % (259/553) del total de homicidios durante el período (según datos de Medicina Legal).
En ese mismo período hubo 33 muertes violentas de líderes sociales, de las cuales el 42 % (14) ocurrieron en San Pablo, (7) en Cantagallo, en Santa Rosa del Sur (4) y en Montecristo (4). Igualmente, se identifican 16 casos cuyas características se asumen como violencia política en seis municipios, en donde sucedieron cinco atentados u homicidios a concejales electos o ejercicio, y cuatro amenazas a alcaldes, para un total de cinco asesinatos a funcionarios, incluyendo a sus familiares y agentes de la Policía Nacional.
En cuanto a la explotación del oro, los datos que arroja el Informe de la Unidad contra las Drogas y el Delito de Naciones Unidas (UNDOC) de junio de 2022 a través de la percepción remota sobre la tipología de explotación de oro de aluvión (EVOA), es decir, en ríos o ciénagas, dejan ver la existencia de 5.996 explotaciones ilícitas, la presencia de 3.156 explotaciones con permisos técnicos o ambientales y 319 explotaciones en tránsito a la legalidad. En otras palabras, el 63% son ilegales y el 33% poseen permisos técnicos. Es pertinente señalar que la subregión es superada en minería EVOA ilícita por Chocó (30.688 explotaciones) y Antioquia (17.062).