Ocho importantes proyectos de infraestructura vial en la Región Caribe podrían verse paralizados debido a las millonarias deudas que el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) tiene con constructores, consultores e interventores. Según advirtió Héctor Carbonell, director ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) Seccional Norte, esta situación pone en grave riesgo el avance de obras fundamentales para la conectividad de la zona. Entérate: Los municipios de Bolívar que estarán sin luz este 24 de enero de 2025
Entre las iniciativas en riesgo se encuentran la Conexión Puente Pumarejo-Ciénaga y sus viaductos, con un valor de $657.000 millones; la Conexión Alta Guajira Uribia-Puerto Bolívar-Punta Estrella-Vías Wayú-Cabo de la Vela, San Martín, con una inversión de $280.880 millones; la Variante Magangué y la Transversal Momposina (Puerta del Hierro – El Burro), en Bolívar, Magdalena y Cesar, por un monto de $221.000 millones; y el Corredor Santa Lucía-Moñitos en Córdoba, que tiene un costo de $178.000 millones. La falta de pago de estas obligaciones pone en peligro el desarrollo de estas importantes infraestructuras para la región.
Además de las obras mencionadas, se destacan proyectos viales adicionales en distintas localidades del Caribe, como el Puente Ayapel - Pueblo Nuevo en Córdoba, la Transversal del Sur en Bolívar y Mompox – Pinillos, en el departamento de Magdalena.
Las deudas del INVÍAS a nivel nacional superan el billón de pesos y afectan obras ya ejecutadas. Esta crisis económica podría desencadenar una parálisis de los proyectos, lo que afectaría no solo a las firmas constructoras, sino también a miles de trabajadores directos e indirectos vinculados a la industria de la infraestructura. Además, proveedores y sectores relacionados como la hotelería y los restaurantes también sufrirían las consecuencias de este estancamiento.
Ante este panorama, la Cámara Colombiana de la Infraestructura ha propuesto una posible solución: utilizar los recursos disponibles en un fondo manejado por FIDUPREVISORA, que ascienden a medio billón de pesos, los cuales provienen de contratos de concesión ya finalizados. La idea es que, mientras el Ministerio de Hacienda asegura el flujo de caja necesario, se pueda reunir un monto de hasta $600.000 millones para hacer frente al pago de las deudas. Te puede interesar: Margarita, sur de Bolívar, tendrá acceso a agua potable
Este plan aún debe ser validado legalmente para determinar su viabilidad dentro del marco presupuestal, pero de no encontrar una solución rápida, el futuro de estos proyectos y el desarrollo de la infraestructura en la Región Caribe estaría seriamente comprometido.