Representantes de 16 organizaciones campesinas que han sido beneficiarias de 537 hectáreas de tierra en los departamentos de Bolívar y La Guajira, entregadas por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), participaron de manera activa en el IV Encuentro Regional de Fincas, en el que se socializó el proceso de adjudicación y la propuesta de parcelación que puede ser asociativa o individual, de acuerdo a lo que decida cada una de ellas.
Con la presencia de asociaciones de los municipios de San Jacinto, San Juan Nepomuceno, El Carmen de Bolívar y Magangué, todos ellos del departamento de Bolívar, y de Fonseca en La Guajira, la jornada realizada los días 2 y 3 de agosto en la ciudad de Cartagena se basó en una metodología colaborativa en la que los beneficiarios conocieron tanto la forma en que se repartirá la tierra entre todas las familias beneficiarias, como también hicieron sus aportes para robustecer la Reforma Agraria. Lea también: Más de 4.000 hectáreas serán entregadas en Bolívar antes del 20 julio
“Fui víctima del conflicto armado, fueron momentos difíciles, de angustia, pero hoy en día con este proceso que venimos llevando con la ANT se nos abren muchos horizontes, no solamente como campesinos, sino como los campesinos que queremos tecnificarnos, formar empresa, comercializar nuestros productos”, aseguró Bertha Barrios, representante de la Asociación Asoagro Padilla y El Progreso, del municipio de San Juan Nepomuceno. Le puede interesar: Campesinos marcharon por la reforma agraria este 20 de julio, ANT acompañó
Por su parte José Luis Cock Echávez, coordinador de la Unidad de Gestión Territorial Bolívar de la ANT, destacó que se está construyendo de manera participativa con todas las asociaciones, el modelo de propiedad que tendrán los campesinos y campesinas que ya tienen su tierra y, como resultado, quedará un acta de parcelación de cada finca que permitirá acelerar el proceso de entrega definitiva.
Los diferentes líderes y lideresas campesinos resaltaron el compromiso y la continuidad en los procesos por parte de la Agencia Nacional de Tierras, en aras de que los beneficiarios tengan sus tierras y puedan producir en ellas con toda la seguridad jurídica que garantiza el Estado colombiano.