En el marco de la instalación de la mesa departamental de seguridad en Bolívar, la Defensoría del Pueblo realizó su análisis frente a la situación de los líderes y los consejos comunales que han instalado. Asimismo, referenció las alertas tempranas vigentes que se mantienen en Arjona, Turbaco, Cartagena y los Montes de María.
“Es de público conocimiento que en los Montes de María hay un corredor utilizado por los grupos al margen de la ley y nuestro deber ha sido alertar a las autoridades sobre todas las situaciones que se presentan en ese sector”, indicó el defensor del Pueblo de Bolívar, José Hilario Bossio.
Por su parte, el secretario de Seguridad del departamento de Bolívar, Manuel Berrío, se refirió a los compromisos que han propuesto para la protección de los líderes. “Estamos en la construcción de la ruta colectiva e individual de protección. La gobernación realiza un papel de intermediador de las personas que han sido víctimas y la Unidad Nacional de Protección, que es el estamento con herramientas legales para dar frente a las situaciones”, indicó.
“Lo que estamos tratando de hacer es que la gobernación entre a atender a una persona que está expuesta a riesgo, mientras que la UNP se toma el tiempo (entre 3 y 6 meses) para analizar si es necesario establecer un esquema de protección o no. Es decir, estamos interviniendo de manera rápida para salvaguardar la vida de las personas”, agregó.
Andrés Fernando Betancourt, director de participación ciudadana y acción comunal, manifestó que de acuerdo a la resolución 0301 de marzo del presente año, la instalación de las mesas departamentales de seguridad es una orden perentoria. Lea: Bolívar: homenajeado en Washington por Cancillería en conmemoración de la Independencia
“La mesa está presidida por el gobernador de Bolívar, Yamil Arana; luego la dirección de participación a mi nombre como secretario técnico; la Policía Departamental; la Mecar; las Fuerzas Militares; y como invitados están la Defensoría del Pueblo; la Fiscalía; la Procuraduría; la UNP; el presidente de la Federación Departamental de Comunales y cuatro representantes del gobierno nacional”, aseguró.
En cuanto al diagnóstico de lo que ocurre en el departamento en materia de seguridad, indicó que “los problemas de orden público han menguado, debido a que se ha logrado una presencia mucho más establecida por parte de la fuerza pública (...) tenemos alrededor de unas 6 personas que han manifestado amenazas durante este año y se les ha dado una ruta de protección a cada una de ellas”, sentenció.